El inicio de una nueva mesa de diálogo en Venezuela volvió a dejar en evidencia las restricciones que enfrentan los periodistas para cubrir hechos de interés público. La reportera Deisy Martínez, del medio Efecto Cocuyo, denunció que seis funcionarios armados y vestidos de negro la interceptaron cuando salía de La Carlota, sede del encuentro al que previamente habían sido convocados medios de comunicación. Según la denuncia, los funcionarios revisaron su teléfono, borraron imágenes, la intimidaron y fotografiaron su carné de identificación.
Martínez informó que los participantes del diálogo se reunieron sin presencia de la prensa. Solo se permitió el ingreso de fotógrafos, a quienes se les impidió usar sus teléfonos durante el acto para evitar la grabación de videos. Ante la negativa de acceso al salón de convenciones donde estaban las delegaciones encabezadas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, los periodistas se ubicaron cerca de la carpa instalada en el Parque Simón Bolívar, dentro de la Base Aérea La Carlota.
El lugar elegido para la instalación de la mesa no es menor. La Carlota ocupa unas 103 hectáreas en Altamira, al este de Caracas, y alberga instalaciones de la Aviación Militar Bolivariana. Por su ubicación y conexión directa con la autopista Francisco Fajardo, rebautizada por el chavismo como Gran Cacique Guaicaipuro, se trata de un punto estratégico de control político, militar y logístico.
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En ese mismo complejo se encuentra el Parque Simón Bolívar, un espacio público de unas 12 hectáreas que ocupa parte del antiguo aeropuerto y conecta, mediante una pasarela sobre la autopista, con el Parque del Este, denominado oficialmente por el chavismo Parque Generalísimo Francisco de Miranda.
En el marco de la Operación Resolución Absoluta, cuando fuerzas militares de Estados Unidos extrajeron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de territorio venezolano, blancos militares de La Carlota, incluyendo la Comandancia de la Aviación, recibieron el impacto de bombardeos, principalmente en el lugar donde se encontraban los sistemas de defensa antiaérea y vehículos militares.
El episodio ocurre en medio de señalamientos persistentes contra los cuerpos de seguridad venezolanos por su actuación frente a medios y trabajadores de la prensa. Para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), lo sucedido contradice las garantías democráticas que el proceso de diálogo dice promover.
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Nada cambia
De acuerdo con el SNTP, los funcionarios obligaron a Martínez a entregar su teléfono, revisaron el contenido, eliminaron las imágenes captadas durante la cobertura y registraron su identificación. La organización consideró grave que el comienzo del diálogo estuviera marcado por restricciones a la cobertura y por el hostigamiento a una periodista.
“Estas prácticas contradicen las garantías democráticas que el proceso dice promover. Exigimos investigar lo ocurrido y garantizar a la prensa acceso libre, seguro y sin discriminación”, señaló el SNTP en su pronunciamiento.
La denuncia también incluyó un dato especialmente sensible: durante el procedimiento, los funcionarios discutieron por radio si debían trasladar a la periodista a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Finalmente, recibieron la orden de dejarla ir, según informó el gremio.
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La DGCIM está presidida por el contralmirante Germán Edoardo Gómez Lárez, señalado como primo de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Fue designado al frente del organismo el 18 de marzo de 2026, después de ocupar cargos en el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos y en Bolivariana de Puertos. Nicolás Maduro Moros lo nombró, en septiembre de 2023, presidente del INEA y, en septiembre de 2024 lo designó presidente de Bolivariana de Puertos SA (Bolipuertos) así como jefe de la Junta Interventora de los puertos del país.
El contralmirante mantenía relación con la DGCIM desde hacía años. El capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Juan Carlos Nieto Quintero le dijo a Infobae, en junio de 2023, que lo identificó como uno de los funcionarios que, en el 2019, lo torturó luego de ser secuestrado por hombres armados y encapuchados en una pizzería, frente a su esposa embarazada y a su hija, en el 2019. Identificó plenamente a Gómez, quien fue su compañero en el pelotón en la Escuela Básica de la Fuerza Armada en Maracay.
La prensa como objetivo
El patrón de presión sobre periodistas y medios independientes ha sido documentado por distintas organizaciones. Un Mundo Sin Mordaza registró, en su informe sobre el primer trimestre de 2025, 231 casos que derivaron en 302 violaciones al derecho a la libertad de expresión, entre ellas detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones, bloqueos digitales y confiscación de equipos.
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La organización también advirtió sobre el avance de la censura digital, con bloqueos por TCP/IP, UDP, DNS y HTTP que afectan el acceso a medios independientes y limitan el derecho colectivo a estar informado.
Provea, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, expresó solidaridad con Martínez y con Efecto Cocuyo. La organización sostuvo que interceptarla sin flagrancia ni orden judicial vulnera garantías constitucionales, y que revisar su teléfono y borrar imágenes constituye una forma de intimidación contra el derecho a la información.
Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, cuestionó la opacidad del proceso. “Una mesa de entendimiento en la que los periodistas no tienen acceso a las partes, ni para el saludo oficial. Es parte de la opacidad que caracteriza a los autoritarismos”, publicó.
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El contexto de restricciones se suma a las advertencias formuladas por el Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos, que en 2023 sostuvo que las reformas institucionales del gobierno venezolano eran superficiales y contribuían a un marco de impunidad que obstaculizaba la rendición de cuentas ante la Corte Penal Internacional.
Condiciones necesarias
Horas antes del incidente con la periodista Martínez, el SNTP había difundido diez condiciones para que un proceso de transición pudiera avanzar hacia una democracia real, garantizando “legitimidad y capacidad para producir cambios duraderos” y que la ciudadanía esté informada con “fuentes públicas abiertas y participación en igualdad de condiciones en el debate público”.
Las diez condiciones que el SNTP había publicado antes de lo ocurrido con la periodista de Efecto Cocuyo, contemplan lo siguiente:
1) Libertad plena para quienes han sido perseguidos por expresarse. Cerrar causas arbitrarias, levantar medidas cautelares y eliminar restricciones impuestas por opiniones, denuncias o participación en asuntos públicos.
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2) Fin de la vigilancia y de la revisión ilegal de dispositivos. Cesar la revisión de teléfonos, el ciberpatrullaje y el uso de información privada para perseguir opiniones o armar expedientes políticos.
3) Cese de la estigmatización y de las represalias por razones editoriales. Autoridades y funcionarios deben dejar de señalar o amenazar, y no usar acreditaciones, trámites, fuentes oficiales o recursos públicos como premio o castigo.
4) Desbloqueo de medios, plataformas y herramientas digitales. Restituir el acceso a portales, redes, mensajería y herramientas de privacidad. Toda restricción excepcional debe tener base legal y control judicial.
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5) Transparencia y acceso efectivo a la información pública. Publicar datos y decisiones de interés público, responder solicitudes de información y abrir salas de prensa y vocerías sin discriminación.
6) Acceso igualitario a medios y espacios de comunicación. Garantizar a todas las corrientes de opinión acceso a medios públicos, privados y comunitarios en condiciones objetivas y no discriminatorias, especialmente en procesos electorales.
7) Restitución y sostenibilidad del ecosistema de medios. Revisar cierres, revocaciones y retención de equipos. Asegurar reglas transparentes para publicidad oficial y condiciones económicas que permitan medios plurales e independientes.
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8) Reforma de las leyes e instituciones utilizadas para restringir la expresión. Derogar o reformar figuras como desacato, vilipendio e instigación al odio. Restablecer la independencia técnica de CONATEL y separar la regulación de telecomunicaciones del control de contenidos.
9) Transformación de los medios estatales en un servicio público plural: garantizar autonomía editorial, rendición de cuentas y representación de diversas voces. Diferenciar información de servicio público, comunicación gubernamental y propaganda.
10) Protección efectiva para periodistas y trabajadores de la prensa. Crear mecanismos independientes de prevención, atención, investigación y reparación, y protocolos claros para la actuación de cuerpos de seguridad en coberturas de interés público.
En ese escenario, la denuncia por el hostigamiento a Martínez refuerza una contradicción central: mientras se anuncia un proceso de entendimiento político, la prensa independiente afirma seguir enfrentando controles, obstáculos y amenazas para cumplir su labor informativa.