El presidente estadounidense Donald Trump anunció la noche del viernes 12 de junio la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero”, líder de la temible banda El Tren de Aragua, quien cayó en un operativo conjunto desarrollado por fuerzas norteamericanas y venezolanas en una zona minera ubicada al sur de Venezuela.
Menos de dos meses después, otros “pranes” -término que se utiliza en el país para identificar a los jefes de las organizaciones criminales- habrían ocupado el lugar de Guerrero para continuar con las operaciones irregulares en las minas del estado Bolívar.
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“Los malandros volvieron a controlar las minas de Las Claritas y el Kilómetro 88. Llegaron a nuevos acuerdos con las cúpulas del gobierno”, alerta el ex diputado opositor Américo De Grazia, quien durante años ha hecho seguimiento y denunciado la actividad de los grupos delictivos en el área del denominado Arco Minero.
De Grazia, preso político bajo el régimen de Nicolás Maduro, asegura que el 28 de julio miembros del “alto mando militar” del sector se reunieron con dos “pranes” conocidos como Jhon Petrica y Juancho, y habrían llegado a un acuerdo “para retomar el control de la actividad minera”. “En el mismo sitio donde se supone acabaron con el ‘Niño Guerrero’”, subraya el veterano dirigente.
“Lo advertimos, el ataque -que liquidó a Guerrero- no implicó un cambio de modelo sino de administración, con los mismos operadores. Cambiar todo para que nada cambie”, advierte el antiguo legislador, tras observar que “el malandraje tiene las armas para mantener al pueblo a raya y con miedo”.
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Huyendo
De Grazia indica que la presencia de estos grupos criminales provoca una migración forzada hacia Brasil. “La gente se va para Brasil para no morir en el intento. La realidad es superior a la ficción”, ironiza.
La ONG SOS Orinoco se ha hecho eco recientemente de las denuncias que afirman que la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) está “reforzando sus cohortes en el sur de Venezuela y controlando el contrabando de minerales críticos”.
La eliminación del “Niño Guerrero”, en una operativo que contó con el apoyo de las fuerzas militares de Estados Unidos, se interpretó como una ofensiva que buscaba “limpiar” la zona para que pudieran prosperar las inversiones norteamericanas en el Arco Minero.
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El gobierno interino de Delcy Rodríguez reformó la ley de minas y recibió en su despacho al secretario de Interior, Doug Burgum, quien a principios de marzo aterrizó en Caracas junto con representantes de empresas mineras para firmar acuerdos con las autoridades locales.
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