El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plascencia, informó este viernes 24 de julio que comunicó al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, “su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI)”.
El régimen chavista ya había amenazado con dar este paso como una forma de expresar su rechazo ante la investigación que impulsa la CPI sobre la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad por parte de autoridades venezolanas. Una averiguación que originalmente fue promovida por los estados de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
¿La medida adoptada por Caracas desactivará los esfuerzos que desarrolla la CPI para eventualmente sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos en el país?
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“Las investigaciones en curso no se ven afectadas y si surge alguna orden de aprehensión, tiene plena validez legal”, responde el abogado Alí Daniels, vocero de la ONG Acceso a la Justicia.
El experto legal pone como ejemplo el caso del ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien aplicó la misma fórmula y hoy tiene que hacer frente a la justicia internacional por el asesinato de decenas de personas en el marco de su “guerra contra las drogas”.
Daniels explica que “una vez se consigne la comunicación oficial de la renuncia ante el secretario general de la ONU, debe transcurrir un año para que surta efecto. Durante ese lapso, Venezuela está obligada a colaborar con las investigaciones en curso”.
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Martha Tineo, representante de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, coincide al destacar que la salida de la CPI “no tiene implicación práctica” sobre el expediente de Venezuela, y apunta que la decisión del gobierno de Delcy Rodríguez viene a confirmar los retrocesos que ha sufrido la República en materia de defensa de DDHH.
Tineo recuerda que el Estado venezolano fue uno de los promotores de la redacción del Estatuto de Roma.
¿Casualidad?
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se lanzó contra la CPI en un discurso difundido en sus redes el 13 de julio. “La CPI y sus amigos están librando una guerra contra nuestro país, no con balas o misiles sino con estatutos, pactos y la fuerza de los llamados acuerdos internacionales”, enfatizó.
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Rubio argumentó que Washington se niega a permitir que la institución pueda “procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos”.
Apuntando a las palabras del jefe de la diplomacia norteamericana, el abogado Daniels desliza: “Resulta curioso que la denuncia del Estatuto de Roma por parte de Delcy Rodríguez se haga días después de que el Secretario de Estado declarase que el gobierno norteamericano iniciaría una campaña para ‘desmantelar’ la CPI”.