Quince organizaciones de la sociedad civil solicitan al gobierno de Estados Unidos que “utilice su intermediación ante las autoridades venezolanas” para garantizar “plena transparencia y rendición de cuentas pública sobre toda la ayuda humanitaria” que está llegando a Venezuela, tras los terremotos del 24 de junio que hasta la fecha han dejado 4.561 fallecidos y 16.740 heridos.
En una carta enviada al Departamento de Estado para abordar el tratamiento que debe darse a la cooperación internacional, las ONG plantean la necesidad de que se asegure “la publicación periódica de lo que se recibe, su origen y propósito, sus beneficiarios previstos y los responsables de su recepción, asignación y distribución, junto con una verificación independiente de que llega a quienes está destinada”.
Los defensores de Derechos Humanos consideran fundamental “que la ayuda se distribuya únicamente sobre la base de la necesidad y sin discriminación, de conformidad con los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia, con la plena contribución de la sociedad civil y de las organizaciones independientes”.
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Entre los firmantes del texto destacan la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Provea, Cedice, Acceso a la Justicia, Cecodap, Civilis, Laboratoria de Paz y Transparencia Venezuela.
Civiles
Las ONG requieren a la Casa Blanca que interceda para lograr “una respuesta adecuada de las autoridades, liderada por civiles y no por los militares”. La presidenta encargada Delcy Rodríguez nombró al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Ernesto Sulbarán Quintero, autoridad única para la emergencia provocada por los terremotos.
“La Guardia Nacional Bolivariana forma parte de las Fuerzas Armadas y es un cuerpo que ha cometido graves violaciones de Derechos Humanos”, recuerdan en su misiva, donde también cuestionan que Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria interina, haya asumido la vocería de los balances sobre el número de víctimas del cataclismo. “El jefe del Poder Legislativo no es la autoridad competente para hacerlo”, señalan.
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Estas organizaciones de la sociedad civil esperan que la administración de Donald Trump abogue por “la exención temporal de la ayuda humanitaria de todos los impuestos, aranceles y derechos aduaneros, y la exoneración de las tasas portuarias y aeroportuarias sobre los envíos de socorro”.
Igualmente, subrayan que debe existir “un único organismo de coordinación humanitaria para las autorizaciones y permisos, con procesamiento prioritario de la carga humanitaria”, y demandan “la autorización plena para que los equipos internacionales profesionales de respuesta a desastres ingresen y operen en todo el territorio afectado”.
En el texto remitido al despacho de Marco Rubio, las ONG vuelven sobre dos temas que reclaman permanentemente: La derogación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y sin Fines de Lucro, conocida como “Ley Anti-ONG”, y “el levantamiento de todos los bloqueos a las redes sociales, los medios de comunicación y las VPN”.
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Los defensores de DDHH proponen a la oficina de Rubio que trabaje con las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil que operan en el terreno, para “garantizar que la asistencia llegue a quienes más la necesitan”.
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