El régimen venezolano llevó este miércoles a un foro ministerial de Naciones Unidas una exigencia que desborda la diplomacia de emergencia: la liberación de los activos estatales congelados en el exterior como condición para financiar la reconstrucción tras el doble terremoto del 24 de junio. El canciller Iván Gil Pinto, en videoconferencia con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), emplazó a los países que mantienen fondos venezolanos bloqueados a “iniciar un plan de liberación de estos fondos y podamos utilizarlos en la recuperación”.
Gil mencionó de forma explícita el oro retenido en el Banco de Inglaterra y los fondos bloqueados por Washington. Unas 31 toneladas de oro —valoradas en aproximadamente 4.200 millones de dólares— permanecen inmovilizadas en Londres. A ello se suman cerca de 5.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) asignados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2021, también congelados.
El trasfondo es una acumulación de sanciones que se extiende desde 2019, cuando Washington designó a PDVSA en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) e impuso restricciones sobre el Banco Central venezolano. La relatora especial de la ONU Alena Douhan documentó que esas medidas redujeron los ingresos del Estado en un 99%. En enero de 2026, la administración Trump derrocó a Nicolás Maduro y respaldó a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina. Desde entonces, Washington ha relajado algunas medidas gradualmente, incluyendo una suspensión de cuatro meses de ciertas sanciones para facilitar la respuesta humanitaria al terremoto.
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El doble sismo del 24 de junio —dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 separados por apenas 39 segundos— golpeó con especial dureza el estado costero de La Guaira y Caracas. El balance oficial registra 3.685 muertos y 16.740 heridos. Casi dos semanas después, los equipos de rescate comenzaron a desactivar sus operaciones mientras las familias continúan rastreando entre los escombros. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó los daños materiales en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB venezolano.
Tom Fletcher, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, llegó a Venezuela el martes y recorre las zonas afectadas. Desde Playa Grande, una de las localidades más castigadas de La Guaira, declaró a EFE que los sismos provocarán “una situación económica muy difícil” que restará “varios puntos al PIB”. Defendió la necesidad de garantizar “excepciones humanitarias” a las sanciones y anunció que la ONU buscará comprometer al Banco Mundial y al FMI en la recuperación a largo plazo.
La OCHA lanzó este miércoles un llamamiento por 296 millones de dólares para asistir durante seis meses a 1,3 millones de personas. Fletcher precisó que la respuesta ya ha recibido 300 millones en donaciones —incluidos 115 millones comprometidos antes del terremoto—, pero que el déficit total asciende a 627 millones de dólares.
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La presión por el desbloqueo no proviene solo de Caracas. Una carta firmada por 113 economistas internacionales —entre ellos Jeffrey Sachs, de la Universidad de Columbia, e Isabella Weber— exigió a Washington liberar los fondos venezolanos y flexibilizar las sanciones sobre el Banco Central y PDVSA, y pidió al FMI el acceso a los DEG bloqueados. El documento advierte que las licencias humanitarias vigentes son insuficientes mientras los bancos internacionales teman represalias por operar con entidades venezolanas. Frente a más de 9.000 millones en activos bloqueados en Londres y el FMI, la ayuda donante acumulada suma 300 millones: esa brecha define si la reconstrucción dependerá de la solidaridad externa o del acceso a los propios recursos del Estado, atrapados en un régimen de sanciones que el terremoto ha vuelto políticamente más difícil de defender.
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