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Edmundo González Urrutia instó a refundar el sistema judicial de Venezuela: “Debe limitar al poder y nunca servirle”

“Cambiar los nombres dentro de la misma lógica no resuelve nada”, sostuvo el dirigente opositor en un mensaje público hacia los venezolanos luego de que el Parlamento informara que 561 personas se postularon para ocupar los nuevos cargos de magistrados en el TSJ

El líder opositor exiliado en España, Edmundo González Urrutia, afirmó que Venezuela debe reconstruir su sistema de justicia para garantizar la igualdad ante la ley y evitar la utilización de los tribunales con fines políticos.

El dirigente subrayó que “una justicia independiente no le teme a juzgar a nadie, sin importar de qué lado del poder esté”, y expresó que ese principio distingue a una república de otras formas de gobierno.

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En un video publicado en su cuenta oficial de la red social X, el dirigente, allegado a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, sostuvo que cuando la justicia responde a instrucciones políticas “pierde su naturaleza” y se convierte en “un instrumento más del poder”.

Por este motivo, advirtió que un país no puede considerarse democrático si las decisiones judiciales dependen de quién gobierna y no de lo que dicta la ley.

González Urrutia recordó que las libertades democráticas de los venezolanos fueron “erosionadas progresivamente desde las instituciones” por parte del régimen de Nicolás Maduro en los últimos años y citó como ejemplo la letra de “CANción de la presión” del artista Canserbero. En referencia al tema musical, señaló que la falta de independencia de los tribunales genera retardo procesal y fomenta la impunidad, lo que impide a las víctimas acceder a la verdad y destruye la confianza de la sociedad en sus propias bases.

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María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, líderes de la oposición venezolana

“Cuando ese pacto se rompe, lo que queda no es paz, es la puerta abierta a que cada uno busque justicia por mano propia”, agregó en la grabación difundida por redes sociales.

El exiliado en el viejo continente resaltó que la independencia judicial asegura “las mismas reglas y protecciones para todos los ciudadanos, independientemente de sus opiniones o preferencias políticas”.

Ante este escenario, propuso la necesidad de seleccionar jueces por mérito y establecer procesos guiados por la ley y enfocados en proteger la dignidad humana. “Cambiar los nombres dentro de la misma lógica no resuelve nada”, sentenció y concluyó: “Una justicia así iguala a los venezolanos ante la ley, sin distinguir entre amigos y enemigos del poder; esa es la justicia que Venezuela necesita. Debe limitar al poder y nunca servirle”.

El mensaje de González Urrutia surgió un día después que el Parlamento de Venezuela informara que 561 personas se postularon para ocupar los cargos de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la reciente reforma legal que reorganizó el máximo tribunal y fijó en 32 el número de jueces. El proceso busca renovar parte de la estructura judicial del país.

Entre los candidatos figuran perfiles de alto nivel, como la ex vicefiscal general Katherine Haringhton, sancionada por Estados Unidos en 2015, la rectora del Consejo Nacional Electoral Aimé Nogal y el ex rector Luis Emilio Rondón González, según la lista publicada por el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional abrió la convocatoria para magistrados, inspectores de tribunales y director de la Escuela Nacional de Magistratura (Europa Press)

La selección se abrió el 22 de mayo, cuando la Asamblea Nacional convocó a juristas venezolanos a postularse tanto para los cargos de magistrados como para inspector de tribunales y director de la Escuela Nacional de Magistratura. Paralelamente, 63 candidatos se inscribieron para el puesto de inspector de tribunales y 33 para la dirección de la Escuela Nacional de Magistratura.

La reforma aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela el 12 de mayo modificó la estructura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aumentando de cinco a siete el número de magistrados en la Sala Constitucional y de tres a cinco en las salas Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social.

Este reajuste forma parte de un proceso más amplio de revisión de la justicia penal, promovido en abril por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. En ese marco, Rodríguez lanzó una consulta nacional destinada a abordar las deficiencias del sistema judicial, con énfasis en el retardo procesal y la corrupción que afectan de manera directa a los sectores más vulnerables de la sociedad.

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