La desaparición de un joven que trataba de llegar a Aruba en una embarcación junto con un grupo de migrantes, pone de relieve el drama de los “balseros” venezolanos que arriesgan sus vidas lanzándose al mar rumbo al Caribe Neerlandés buscando mejores condiciones de vida.
El portal arubeño 24Ora publicó el domingo 31 de mayo un caso representativo de este fenómeno. Un bote zarpó desde las costas del estado Falcón, en la región noroccidental, con destino a la isla. Además de migrantes, la lancha llevaba un cargamento de droga.
Las personas se tiraron al agua para llegar nadando a la orilla. Algunos habrían logrado colarse, burlando los controles policiales. Pero hasta la fecha permanece desaparecido un hombre de 23 años, que tiene en Aruba a familiares sin papeles.
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Hechos como este se repiten con frecuencia. Desde Falcón, uno de los estados más pobres de Venezuela, se pueden ver las luces de Curazao y Aruba, a 70 y 20 kilómetros de sus costas, respectivamente.
En la zona operan bandas que se dedican al tráfico de personas, que en oportunidades además de trasladar a seres humanos transportan drogas, armas y hasta animales exóticos.
Durante décadas, estos dos territorios del Reino de los Países Bajos sacaban provecho de los visitantes venezolanos, que iban a disfrutar de sus playas y a dejar miles de dólares en sus tiendas.
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Con la explosión de la crisis política y económica en la República Bolivariana, Caracas llegó al extremo de cerrar las fronteras por años y las islas ahora exigen visa a los venezolanos. Oranjestad aún mantiene la prohibición a los vuelos directos con Venezuela.
Gran problema
La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), que agrupa a agencias de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, señala que hasta febrero de 2026 solo en América Latina y el Caribe se cuantificaban casi 7 millones de venezolanos en condición de refugiados y migrantes.
Con una estadística de esa dimensión, los números que reportan Aruba y Curazao, con 11 mil 500 y 7 mil, respectivamente, parecen casi anecdóticos. Sin embargo, en ciertos momentos los venezolanos han representado más del 10% de la población total de las islas. En su último censo, las autoridades curazoleñas reconocían el “incremento significativo” de la diáspora venezolana, la que más ha crecido desde 2011.
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La migración ilegal está marcando la relación entre Venezuela y sus vecinos neerlandeses. La página Crónicas del Caribe -especializada en este tema- reporta que entre 2018 y 2025 se registraron 33 embarcaciones interceptadas con migrantes.
“La base de datos muestra que los zarpes interceptados hacia Aruba y Curazao no son hechos aislados, sino una práctica sostenida en el tiempo que comienza a registrarse desde 2018 y continúa en los años siguientes. Si bien la cantidad de embarcaciones varía de un año a otro, a partir de 2020 se observa un repunte”, observan. De acuerdo con esta investigación, 61% se dirigía a Aruba y el 39% restante a Curazao.
Negocio
Crónicas del Caribe recabó información sobre un total de 16 personas declaradas muertas oficialmente y 65 desaparecidos en estas travesías. La mayoría con un rango de edad entre los 18 y 25 años. Entre los desaparecidos hay siete infantes.
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En septiembre de 2023, el Ministerio Público de Willemstad alertó sobre “un aumento marcado de tráfico de menores, particularmente entre Venezuela y Curazao”.
“Los niños traficados varían en edad entre los cuatro y los 15 años, y a menudo son transportados en embarcaciones que también llevan drogas y armas de fuego a bordo”, indicó la Fiscalía curazoleña. Por esas fechas, se registró la detención de cinco niños que viajaban en una lancha con el objetivo de reencontrarse con sus padres y familiares en la isla.
Parientes de fallecidos y desaparecidos exigen a las autoridades venezolanas que castiguen a los responsables de estos viajes clandestinos, pero al final se impone la impunidad. El negocio es sustancioso.
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“No tenemos información del promedio de cuánto pagó la mayoría de los desaparecidos para subir a las embarcaciones, pero al menos 14 pagaron más de 400 dólares y hay hasta quienes dejaron un carro en garantía y un caso que canceló 2 mil dólares”, según Crónicas del Caribe.