Como tantos millones de venezolanos, Robert Villamarín Pacheco abandonó su país en 2016 en busca de una vida mejor. Se instaló en Chile, desde donde ayudaba a su madre Rosario. A finales de julio de 2023, Robert viajó a San Cristóbal, capital del estado Táchira, para visitar a su familia y poner al día sus documentos.
Cruzó por la frontera terrestre, donde le sellaron su pasaporte y de inmediato se ocupó de sus diligencias. Renovó la cédula de identidad y la licencia de conducir sin contratiempos, y para completar el trámite del pasaporte tuvo que dirigirse al despacho del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en el vecino estado Mérida.
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“Cuando llega al Saime, le informan que no puede renovar su pasaporte porque en el sistema aparecía una restricción y le pidieron que fuera en tres días, para consultar con la central de Caracas”, relata la señora Rosario Pacheco de Villamarín. Transcurridas 48 horas, el 2 de agosto de 2023, Robert volvió a la oficina y jamás pudo salir. Hoy acumula casi tres años encerrado en las mazmorras del gobierno venezolano.
¿Por qué?
A pesar de las cientos de liberaciones que se han producido en los últimos meses, tras el ataque militar ejecutado por Estados Unidos el 3 de enero, defensores de Derechos Humanos afirman que aún existen en el país más de 400 presos políticos.
El de Robert Villamarín Pacheco no es un caso más dentro de la estadística. Este ingeniero de 39 años está acusado de participar en el intento de magnicidio sufrido por Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018, cuando dos drones cargados con explosivos estallaron cerca de la tarima presidencial ubicada en la avenida Bolívar, en el centro de Caracas.
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Los delitos que le imputan son asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. En el expediente señalan que desde una cuenta de un banco venezolano transfirió 70 millones de bolívares -unos 300 dólares a tasa oficial, pero menos de $20 al cambio paralelo de la fecha- a Yenni Fabiana Pernía, otra de las presuntas implicadas en el hecho.
Los abogados de Villamarín Pacheco resaltan que en el sumario no hay ninguna prueba sobre la supuesta transacción bancaria, que se habría hecho el propio 4 de agosto de 2018, ni se ha demostrado su intervención en la presunta conspiración. Además, denuncian que todavía no se ha abierto el juicio, dilación que viola el ordenamiento legal venezolano.
No entiende<b> </b>
La señora Rosario, de 62 años, no entiende cómo el mayor de sus cinco hijos terminó involucrado por las autoridades en un intento de magnicidio. “Deducimos que lo metieron en ese caso porque conoce de trato a Yenni Pernía”, ensaya una hipótesis.
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¿Acaso Villamarín Pacheco formaba parte de algún movimiento político? “Nunca, nosotros pertenecemos a una comunidad religiosa, los adventistas del séptimo día, que se mantiene separada de la política”, responde.
Insiste en que Robert no hizo ninguna transferencia bancaria y plantea: “Si mi hijo tenía una orden de captura, por qué no lo detuvieron cuando entró al país. Él vino por sus propios medios a visitarnos. Si estuviera realmente vinculado con un hecho de ese tipo, ¿se iba a meter él mismo en la boca del lobo?”.
Cansancio
Al describir el cautiverio que enfrenta su hijo y lo que ha significado para la familia, Rosario rompe en llanto. “Desde que empezó todo he ido a todos los organismos, suplicando, pero no me escuchan”, cuenta desconsolada.
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Villamarín Pacheco está recluido en la cárcel de Yare III, en el estado Miranda, a unos 861 kilómetros del Táchira, fronterizo con Colombia, donde reside la señora Rosario. Para completar la travesía, debe tomar hasta cinco unidades de transporte.
“Todo ha sido muy agotador, con la situación económica bastante difícil. Tengo una condición de salud bastante fuerte y necesito operarme, pero no lo he hecho por falta de dinero y porque soy la única a la que permiten entrar a la cárcel a verlo, para llevarle su comida y agua”, describe.
La señora Rosario carga con todo el peso de la tragedia familiar. Sus otros cuatro hijos residen en Chile y les ha pedido que no vengan por temor a que corran la misma suerte de su primogénito. Le duele que Robert “padece maltrato en la cárcel, allí le quitan las cosas que con tanto esfuerzo le llevo”.
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Solo la fe
El caso de Villamarín Pacheco reposa en el despacho de la jueza Alejandra Romero, identificada por activistas de Derechos Humanos como una pieza clave en el andamiaje represivo chavista, siendo la responsable de sentencias polémicas como la condena a 30 años de prisión de Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la oposición y aliado de María Corina Machado.
Los abogados de Villamarín Pacheco solicitaron acogerse a la amnistía promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, pero Romero la negó. Ahora esperan la respuesta de la Corte de Apelaciones,que hasta la fecha guarda silencio.
Ante la ausencia de respuestas por parte de los tribunales terrenales, la señora Rosario se aferra a la justicia divina. “Mi hijo es un guerrero, un valiente, y se ha tomado de la mano de Dios, que de alguna manera lo está sosteniendo. Mis fuerzas se están agotando, pero me toca guapear a ver si Dios a través de su infinita misericordia ayuda a que mi hijo recupere su libertad. Robert es una persona inocente”, afirma.
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