Una madre contra el silencio del Estado: la búsqueda interminable del fotógrafo que desapareció en la frontera tras las elecciones

El fotógrafo de oficio Jorgen Yoneyker Guanares Delgado tenía 33 años cuando desapareció de un pueblo en la frontera, la noche del 2 de agosto 2024, días después de documentar la visita de María Corina Machado al Táchira y participar en el conteo de votos de las elecciones presidenciales. Su actividad, visible en redes sociales, quedó seguida por amenazas que alcanzó a comentar a su entorno más cercano, aunque sin detallar de dónde provenían. La situación se complica porque Táchira es un estado fronterizo con presencia de grupos irregulares que ejercen presión y amenaza sobre la oposición política al régimen venezolano.

María Émely Delgado Acevedo, madre de Jorgen Guanares, en conversación con Infobae, recuerda que, tras las elecciones, su hijo permaneció varios días resguardado en casa por temor. La noche del 2 de agosto de 2024 recibió un aviso: alguien, cuya identidad se desconoce, le advirtió que corría el riesgo de ser detenido por las publicaciones y el trabajo que había realizado durante la campaña. Jorgen decidió entonces buscar un lugar seguro.

Salió primero a conseguir un vehículo, regresó alterado a la vivienda y le pidió a su pareja, Reidy Yenisa Roa Yánez, que se marcharan de inmediato. Ella declaró después, en un testimonio difundido por el Foro Penal, que optó por no acompañarlo pensando en la seguridad de sus dos hijas. Jorgen salió de la urbanización La Alameda, parcela 30, en Rubio. Desde ese momento, se perdió todo rastro suyo.

Quienes aseguran haberlo visto por última vez lo describen como un hombre de piel trigueña, de 1,75 metros de estatura, vestido aquella noche con mono azul claro, camisa negra ancha y botas deportivas grises con negro. Algunos testimonios lo ubican detrás de la sede del Ipas-Me, en Rubio, mientras vecinos sostienen que fue visto en la avenida Manuel Pulido Méndez, conocida como Las Américas, una zona cercana a su casa, en el momento en que presuntamente se lo llevaron.

Desde entonces, la familia vive en una espera que ya supera los 22 meses. “La incertidumbre, la angustia y el temor por su vida e integridad personal siguen intactos”, relata su madre. Sin comunicación alguna con Jorgen, los parientes se aferraron a una sospecha: que estuviera detenido en alguna sede policial o de seguridad del Estado, privado ilegítimamente de libertad.

Con esa hipótesis, María Émely Delgado, le dice a Infobae, que emprendió una búsqueda por distintos centros de reclusión del país, entre ellos Rodeo I, II y III, Yare II, Tocorón, Tocuyito, el Centro Penitenciario de Santa Ana y otras dependencias oficiales, sin lograr confirmar su paradero.

La Operación Resolución Absoluta, con la que fuerzas militares de los Estados Unidos se llevaron a Nicolás Maduro y a Cilia Adela Flores de Maduro, permitió la fluidez de información e incluso la excarcelación de miles de presos, pero en el caso de Guanares no hay fe de vida.

Ante los organismos

La primera denuncia fue presentada el 4 de agosto de 2024 ante la subdelegación del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas) en Rubio. Días más tarde, el 22 de agosto, la familia rindió declaración ante la Fiscalía Octava de San Antonio del Táchira.

El 2 de octubre acudió a la Dirección General para la Protección de los Derechos Humanos del Ministerio Público y, el 23 de ese mismo mes, a la Defensoría del Pueblo. En paralelo, la madre solicitó que se abriera una investigación penal por la presunta comisión del delito de desaparición forzada, así como por cualquier otro delito que pudiera derivarse de las averiguaciones.

Entre sus exigencias figuran la designación de un fiscal con competencia nacional en derechos humanos, la inspección urgente de centros de detención, comandos policiales, instalaciones militares y organismos de inteligencia, así como el acceso de la familia a información veraz y oportuna sobre la situación del joven.

Solicita que los organismos competentes investiguen lo que sucedió con su hijo y determinar responsabilidades materiales e intelectuales, incluyendo la cadena de mando de los funcionarios involucrados.

Delgado también ha pedido medidas de protección para garantizar la vida, la integridad personal y los derechos fundamentales de su hijo. “Es necesaria la garantía para que los familiares tengamos acceso a la información veraz y oportuna sobre la situación”.

Sin embargo, denuncia que durante 2024 y 2025 intentó sin éxito interponer recursos de amparo por habeas corpus tanto en Caracas como en Táchira, debido a que las oficinas judiciales se negaban a recibir los escritos. Asegura, además, que no existe registro del caso en bases de datos del Ministerio Público ni de los circuitos judiciales consultados.

Distancia y silencio

La precariedad económica de la familia y la distancia, de casi mil kilómetros, entre Rubio y Caracas han convertido cada gestión en un esfuerzo mayor. En octubre de 2024, durante una visita a la capital para consignar escritos ante distintos organismos, María Émely Delgado recibió en el Ministerio de Asuntos Penitenciarios una información que parecía abrir una pista: le dijeron que su hijo estaba en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón. Viajó hasta allí de inmediato, pero en el penal le informaron que Jorgen no se encontraba recluido en ese lugar. Fue una nueva versión sin confirmación oficial y una nueva frustración para la familia.

En casi dos años de búsqueda, solo ha surgido otra pista: el testimonio no verificado de un recluso que aseguró haber visto a Jorgen en Rodeo I. Cuando su madre intentó consignar una paquetería en ese penal, los custodios se negaron a recibirla con el argumento de que Guanares Delgado no aparecía en la lista de internos.

En enero de 2026, Amnistía Internacional incluyó formalmente el caso en sus investigaciones y campañas de acción urgente, al considerar que forma parte del patrón de desapariciones forzadas denunciado en Venezuela.

Más recientemente, tras varios intentos, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió el recurso de amparo interpuesto por Émely Delgado. El 13 de mayo de 2026, la Sala Constitucional resolvió remitir el expediente a tribunales de primera instancia en Táchira para que decidan sobre la acción, una medida que, hasta ahora, no ha despejado la principal pregunta que sostiene la familia desde agosto de 2024: dónde está Jorgen.