Un total de 8.616 personas han sido amnistiadas en Venezuela tras la aprobación de una ley específica, según informó el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria encargada del seguimiento de la norma.
El anuncio se realizó después de que las autoridades recibieran más de 12.000 solicitudes de amnistía, de las cuales 8.616 fueron aprobadas hasta el momento.
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Entre los beneficiados, 8.302 personas estaban bajo medidas cautelares restrictivas de libertad y 314 permanecían privadas de libertad en centros penitenciarios.
La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, abarca un período de 27 años desde 1999, pero se limita a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en igual cantidad de años. Quedan excluidos quienes estén relacionados con operaciones militares, delitos de corrupción, homicidio y violaciones a los derechos humanos.
Las autoridades venezolanas aún no han publicado la lista oficial de personas amnistiadas, pese a las solicitudes del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, y de organizaciones de la sociedad civil.
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De acuerdo con la información difundida por Arreaza, las solicitudes de amnistía siguen abiertas tanto para venezolanos residentes en el país como en el exterior.
Desde la entrada en vigor de la ley, la organización no gubernamental Foro Penal, dedicada al seguimiento de los presos políticos, indicó que menos del 25% de las excarcelaciones registradas este año en Venezuela se atribuyen a la Ley de Amnistía.
El último balance de Foro Penal, con corte al 20 de abril, señaló que 473 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela, de las cuales 43 son extranjeras o poseen doble nacionalidad.
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Dentro de este grupo, 427 son hombres y 46 mujeres, incluyendo 187 militares y un adolescente, mientras que dos personas figuran como desaparecidas. Del total de detenidos, 309 no cuentan con sentencia firme y 164 ya recibieron condena judicial.
Desde 2014, la organización documentó 19.087 detenciones por motivos políticos y brindó asistencia a más de 14.000 personas que luego recuperaron su libertad.
En paralelo al proceso de amnistía, se han registrado manifestaciones de familiares de presos políticos, quienes han mantenido vigilias durante 100 días frente a diferentes centros penitenciarios para exigir la liberación de sus allegados.
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El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que el penal Rodeo I, en las afueras de Caracas, fue señalado como un lugar donde se intensificó el trato cruel hacia los internos.
Los familiares expresaron su preocupación por la persistencia de la represión, la demora en las excarcelaciones y el sufrimiento de quienes esperan la libertad de sus seres queridos.
La oposición también manifestó su postura en la Asamblea Nacional. El diputado David Uzcátegui, miembro de la comisión de seguimiento de la amnistía, reconoció que aún queda mucho trabajo para lograr la liberación total de los presos políticos.
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Durante una sesión parlamentaria, Uzcátegui remarcó que el proceso está lejos de concluir y que muchas personas continúan detenidas por motivos políticos.
La Ley de Amnistía fue promovida bajo presión internacional, con la intención de favorecer la convivencia democrática y como condición para el alivio de sanciones económicas.
Sin embargo, la falta de transparencia en la publicación de la lista de beneficiarios y la discrecionalidad en su aplicación generaron críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos y actores políticos.
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Entre los casos emblemáticos mencionados por Amnistía Internacional, figuran personas a quienes se les negó la amnistía o cuya solicitud fue revocada tras ser aprobada, así como la continuidad del funcionamiento de centros de detención denunciados por torturas, como el Helicoide en Caracas.
En este contexto, el Parlamento venezolano inició el proceso para renovar a los magistrados del Tribunal Supremo, una medida que algunos sectores consideran clave para avanzar en la transición democrática.
(Con información de EFE)
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