Henry Alviárez, coordinador nacional de organización del partido Vente Venezuela (VV), que lidera la premio nobel de la paz María Corina Machado, denunció este martes que le fue negado el beneficio de amnistía, tres semanas después de la promulgación de esta ley.
“Como era previsible, de este régimen que reprime, persigue y apresa sin fundamento alguno, me han negado la AMNISTÍA”, publicó el activista político en su cuenta de X.
También criticó la decisión de los tribunales y acusó al Gobierno de perseguir “al que piensa diferente” y de convertir al Tribunal Supremo de Justicia “en un ente subordinado para apresar injustamente a sus adversarios”.
“Hablan de convivencia democrática, pero es delito ser ciudadano y ejercer nuestros derechos políticos”, añadió.
Alviárez fue detenido junto a la ex diputada Dignora Hernández en marzo de 2024 por su supuesta vinculación con planes violentos relacionados con las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio de ese año.
Posteriormente, el activista político fue excarcelado con medidas cautelares el pasado 8 de febrero, en medio de un proceso de liberaciones anunciado por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.
A finales de ese mes, se promulgó una Ley de Amnistía y se inició un proceso de recepción de solicitudes para la revisión de casos.
En los últimos días, organizaciones han denunciado el rechazo a diversas solicitudes de amnistía, incluyendo las de dos periodistas y un grupo de sindicalistas.
Consultado por las negativas, este martes el presidente del Parlamento afirmó que todos “tienen derecho a apelar” ante los tribunales, y reiteró que la comisión parlamentaria para el seguimiento de la legislación seguirá analizando casos.
La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos.
Hasta el jueves pasado, el Parlamento cifraba en 7.727 las libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares -como la prohibición de salida del país y presentación periódica en tribunales-, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabilizaba 508 detenidos en Venezuela hasta el pasado miércoles, aunque el Gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos, sino que afirma que cometieron varios delitos.
Justicia, Encuentro y Perdón denunció la detención de una presa política amnistiada
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este martes la detención de María de los Ángeles Castillo, presa política que había sido excarcelada a finales de febrero, tras la promulgación de la Ley de Amnistía en Venezuela.
En una publicación en X, JEP señaló que Castillo fue detenida “en un punto de control” en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) cuando “se dirigía a Perú para reunirse con sus hijas”.
“A pesar de que compareció voluntariamente en tres ocasiones ante el Tribunal donde cursó su causa y ante el Ministerio Público en Caracas —donde se le ratificó la inexistencia de causas pendientes—, funcionarios de seguridad ejecutaron hoy su aprehensión alegando una solicitud activa en el sistema”, indicó la ONG.
JEP aseguró que Castillo recibió una medida de libertad plena y fue excarcelada de un comando policial en El Valle, en Caracas, el pasado 25 de febrero, tras ser detenida el 18 de julio de 2025.
La organización agregó que la detención de Castillo “constituye un grave precedente que deriva en la revictimización”, a la par que demuestra “una grave falta de coordinación institucional”, y criticó la omisión del tribunal “al no tramitar el levantamiento de las alertas policiales”.
Asimismo, exhortó a la “libertad inmediata” de Castillo y que se tramite el cierre de su caso.
“La libertad personal no puede estar sujeta a la ineficiencia administrativa del Estado”, añadió.
(Con información de EFE)