Una nueva demanda de Estados Unidos colocó bajo la lupa a la cúpula del chavismo en Venezuela. El gobierno de Donald Trump trasladó a las autoridades encabezadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez una solicitud precisa: colaborar con las investigaciones judiciales que pesan sobre nueve altos funcionarios del régimen.
La exigencia, confirmada por una fuente conocedora de las conversaciones al diario ABC de España, no se limita a simples declaraciones, sino que abarca desde el acceso a documentos hasta la trazabilidad financiera de las operaciones bajo sospecha.
La apuesta de Washington incorpora un enfoque progresivo. El primer nivel exige a Caracas la apertura para que funcionarios estadounidenses puedan realizar entrevistas, acceder a registros administrativos y revisar documentación confidencial.
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Más allá de la fase de acceso a información, la segunda capa de la propuesta estadounidense apunta a que equipos de investigación de ese país puedan participar, e incluso supervisar, parte del proceso de verificación. Todo ello, según la fuente, bajo la condición de que Caracas no reconozca públicamente dicha cooperación.
La tercera etapa prevé mecanismos de entrega o traslado de funcionarios bajo investigación, sin mencionar la palabra “extradición”, ya que la Constitución y el Código Penal (Art. 6) establecen que ningún venezolano puede ser extraditado. No obstante, el Estado venezolano puede procesarlos si cometieron delitos en el extranjero.
El ex ministro Alex Saab y el empresario Raúl Gorrín conformarían el bloque principal para identificar y procesar a las otras siete personas consideradas clave en varias causas judiciales relacionadas con el chavismo, principalmente por delitos de lavado de dinero y narcotráfico.
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Los líderes chavistas apuntados por Washington serían Nicolás Maduro Guerra (hijo del ex dictador), Alex Saab, Raúl Gorrín, Samark López Bello (testaferro), Tareck El Aissami (ex presidente de la petrolera PDVSA), Walter Jacob Gavídia Flores (hijastro mayor de Maduro) y Pedro Luis Martín-Olivares (ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).
Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López no figuran en la lista actual de personas de interés, ya que, según advertencias del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, podrían ser excluidos de la transición si no cumplen con las exigencias de Washington. Además, el medio señaló que, para Estados Unidos, ambos no son prioridades inmediatas para la Justicia norteamericana.
Cabe mencionar que el jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Southcom), el general Francis L. Donovan, mantuvo el miércoles una visita en Venezuela con Delcy Rodríguez. Ambas partes acordaron fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en la lucha contra el narcotráfico.
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El Palacio de Miraflores informó en redes sociales que en la reunión se coincidió en trabajar de manera conjunta en la elaboración de una agenda orientada a combatir el tráfico de drogas, el terrorismo y abordar la gestión migratoria, identificados como “desafíos transnacionales”.
Al encuentro asistieron también Cabello y Padrino. El portavoz chavista, Miguel Ángel Pérez, señaló en X que la reunión “ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes”.
Las últimas novedades sobre Nicolás Maduro, ex líder del régimen y allegado a los investigados por EEUU, y su esposa, Cilia Flores, señalan una visita consular de un funcionario venezolano el 30 de enero en la cárcel de Nueva York donde permanecen a la espera de su próxima audiencia judicial, recientemente reprogramada para el 26 de marzo.
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El funcionario, en representación de la República de Venezuela, facilitó servicios consulares a los acusados, según consta en el archivo digital del caso.
Tras la primera comparecencia realizada el 5 de enero, el juez Alvin Hellerstein ordenó garantizar el acceso consular para Maduro y Flores, así como informar al tribunal sobre cada visita.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York notificó formalmente el aplazamiento de la audiencia, previamente prevista para el 17 de marzo, a solicitud de la fiscalía y con el consentimiento de la defensa. El motivo fue la necesidad de más tiempo para reunir pruebas, permitir la revisión de la defensa y decidir sobre mociones previas al juicio. El juez aceptó el cambio “en interés de la justicia”.
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Maduro, de 63 años, compareció por primera vez ante la justicia estadounidense dos días después de ser capturado durante un operativo militar de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero. En la audiencia inicial, él y Flores, de 69 años, se declararon inocentes y aseguraron ser “prisioneros de guerra”. Maduro también afirmó que sigue siendo “el presidente constitucional de Venezuela”.
La acusación formal incluye cuatro cargos principales: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra.
El documento judicial alega que ambos colaboraron con narcotraficantes y grupos narcoterroristas para enviar “miles de toneladas de cocaína” a territorio estadounidense, utilizando rutas en el Caribe y Centroamérica. Según la fiscalía, actuaron bajo la estructura del Cártel de los Soles junto a altos funcionarios militares venezolanos durante más de 25 años.
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