El Parlamento venezolano, dominado por el chavismo, recibió este martes a familiares de presos políticos y a organizaciones de derechos humanos en una reunión centrada en el proyecto de ley de amnistía que ya fue aprobado en primera discusión, en medio de las denuncias de que el texto excluiría a más de la mitad de las personas detenidas por razones políticas.
La delegación fue recibida dentro del Palacio Federal Legislativo luego de una concentración realizada en las inmediaciones de la sede parlamentaria, donde familiares y activistas reclamaron participar en la consulta pública previa al segundo debate del proyecto.
El encuentro estuvo encabezado por el chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión especial encargada de elaborar el texto, quien afirmó que el Parlamento busca recoger los planteamientos de quienes han sido directamente afectados por la persecución política.
“Hemos recibido muchísimas propuestas de expertos jurídicos, juristas, de personas que han sufrido los impactos de la confrontación política de los últimos años, y tenemos que escucharlas y escucharlos”, declaró.
Arreaza sostuvo que las observaciones de las familias deben ser consideradas antes de la redacción final.
“Tenemos que escucharlos, para que podamos reflejar sus percepciones en la ley”, añadió, y reiteró que el objetivo de la iniciativa es promover la convivencia y la reconciliación nacional mediante mecanismos constitucionales.
Sin embargo, los familiares que ingresaron al Parlamento advirtieron que el proyecto, tal como está formulado, deja fuera una parte sustancial de los casos documentados.
Andreína Baduel, dirigente del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, fue una de las voceras del reclamo.
“Son más de la mitad de presos políticos que quedarían excluidos de esta ley de amnistía, si se aprueba sin escuchar a las víctimas”, advirtió durante la concentración frente al Parlamento.
Según explicó Baduel, aunque el proyecto plantea un alcance general que va desde 1999 hasta enero de 2026, el artículo 6 establece un listado de años específicos que, en la práctica, limita el universo de beneficiarios. En ese apartado se mencionan 2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024.
De acuerdo con los registros que manejan los familiares y las organizaciones que acompañan los casos, quedan excluidas detenciones ocurridas en 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023, períodos en los que, aseguran, se concentran más de la mitad de los expedientes de presos políticos.
Baduel sostuvo además que las familias no han sido incorporadas de manera efectiva al proceso de consulta pública.
“La amnistía no es la única vía” para lograr la liberación de los detenidos, afirmó, y remarcó que existen otras herramientas jurídicas que permitirían revisar los procesos judiciales abiertos contra los presos políticos.
“Hay diversos mecanismos en la ley que pueden hacer que liberen a los presos políticos sin tener que seguir prolongando el dolor con acciones burocráticas”, sostuvo.
A su juicio, una revisión caso por caso permitiría avanzar de forma inmediata, al considerar que los expedientes presentan irregularidades estructurales.
“Todos esos procesos están viciados de nulidad porque no cumplen con los protocolos apegados a la ley”, señaló.
La dirigente también subrayó que una eventual ley de amnistía no puede desvincularse de la situación de las víctimas. “La amnistía no significa olvido e impunidad”, expresó, y reclamó que el texto contemple mecanismos de reparación.
“Estamos aquí denunciando que no solamente se materialice el cese de la represión, el cese de la persecución, el cese de las detenciones arbitrarias, sino que realmente haya garantías para la justicia y para la no repetición”, añadió.
Durante la jornada, decenas de familiares de personas recluidas en centros penitenciarios como El Rodeo I, Yare, Tocuyito y en distintos comandos policiales se concentraron en el centro de Caracas para exigir que sus observaciones sean incorporadas antes de la aprobación definitiva de la ley.
Además de Arreaza, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, participó en la recepción de la delegación, que entregó formalmente sus cuestionamientos al articulado.
La organización Foro Penal, que ejerce la defensa legal de presos políticos, informó que ha verificado 426 excarcelaciones desde que se anunció el proceso de liberaciones el pasado 8 de enero. Por su parte, el régimen de Delcy Rodríguez sostiene que el número asciende a 897 personas liberadas desde diciembre, sin que hasta ahora se haya difundido un listado oficial.
(Con información de EFE)