La organización no gubernamental venezolana Acceso a la Justicia denunció este lunes graves deficiencias técnicas y jurídicas en el proyecto de ley de amnistía para presos políticos que el Parlamento controlado por el chavismo prevé aprobar esta semana. El texto, presentado como parte de un supuesto “nuevo momento político” tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos el pasado 3 de enero, contiene lo que la ONG califica como “contradicciones fundamentales” que podrían vaciar de contenido real el alcance de la medida.
Entre las principales objeciones, Acceso a la Justicia señala que el borrador utiliza el término “extremismo” para referirse a quienes podrían beneficiarse de la amnistía, lo que implica descalificar de entrada a los potenciales beneficiarios y presuponer su responsabilidad penal antes de cualquier evaluación. Además, el proyecto introduce el concepto de “clemencia soberana”, una expresión que, según la organización, “implica la existencia previa de responsabilidad o culpa”, desnaturalizando así la figura de la amnistía, que por definición no debe prejuzgar sobre la culpabilidad de las personas a las que se aplica.
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Uno de los aspectos más graves identificados por la ONG es lo que denomina un “claro conflicto de intereses”. El proyecto atribuye la ejecución de la amnistía a los mismos tribunales y a la Fiscalía que, según denuncias de organismos internacionales como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, han participado activamente en la “represión masiva e indiscriminada” contra opositores políticos en Venezuela. Esta circunstancia genera serias dudas sobre la imparcialidad con la que se aplicará la ley, dado que los órganos judiciales señalados por violaciones de derechos humanos serían los encargados de determinar quién queda cubierto por la amnistía y quién no.
El texto tampoco habilita a familiares, abogados u organizaciones no gubernamentales para actuar en representación de los potenciales beneficiarios, lo que limita las posibilidades de defensa y acompañamiento legal de los presos políticos. Además, el borrador no especifica qué debe ocurrir si un juez determina que un caso sometido a su consideración no es susceptible de amnistía, dejando en la incertidumbre el futuro procesal de quienes sean excluidos.
La ley establece una serie de exclusiones que podrían afectar a una parte significativa de los detenidos por motivos políticos. Quedarían fuera quienes hayan cometido violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de drogas con pena mínima superior a nueve años de prisión y delitos contra el patrimonio público. Acceso a la Justicia advierte que dentro del delito de homicidio se ubica el magnicidio como forma calificada, imputado a numerosos militares activos y retirados, aunque la organización subraya que “no puede hablarse de magnicidio cuando no se ha producido la muerte de la presunta víctima”, aludiendo así a las acusaciones fabricadas contra opositores por supuestos planes de atentar contra el dictador.
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La ONG exhortó a que la aplicación de la ley sea “justa, garantista y transparente”, de modo que permita alcanzar “la tan anhelada libertad” de todas las personas víctimas de persecución política desde 1999 hasta el 30 de enero de 2026, así como de sus familias. El llamado surge en un contexto de profunda desconfianza hacia las instituciones del régimen chavista, que históricamente han sido utilizadas como herramientas de represión política.
La propuesta de amnistía se enmarca en lo que Delcy Rodríguez denomina un “nuevo momento político” para Venezuela, tras la captura de Maduro. Desde entonces, el régimen ha anunciado un proceso de excarcelaciones selectivas, aunque organizaciones de derechos humanos han advertido que estas liberaciones responden más a una estrategia de legitimación internacional que a un cambio real en la política represiva del chavismo.
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