El Gobierno de Estados Unidos responsabilizó este domingo al régimen de Nicolás Maduro por la muerte en prisión del ex gobernador opositor Alfredo Díaz, considerada por la oposición venezolana y grupos internacionales como consecuencia directa de las condiciones extremas de detención bajo custodia estatal.
“La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”, denunció la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos en su cuenta oficial de X.
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— Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) December 7, 2025
La declaración de EE.UU. se produce en un momento de máxima tensión ante una posible acción de Washington contra Venezuela tras su despliegue militar cerca del país, en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, algo que Caracas ve como una “amenaza” que busca propiciar un cambio de Gobierno.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó de que el ex gobernador del estado Nueva Esparta murió producto de un infarto, como reportaron previamente varias ONG y partidos políticos.
No obstante, los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia advirtieron este sábado que el fallecimiento de Díaz revela un “patrón sostenido de represión estatal” y denunciaron que ya son siete los presos políticos que han muerto en prisión luego de las presidenciales del 28 de julio de 2024.
Ambos coincidieron en que la integridad personal y la vida de Díaz eran responsabilidad exclusiva de la dictadura chavista que lo mantenía preso en El Helicoide, principal centro de torturas del régimen de Maduro y sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En un comunicado conjunto, los dirigentes opositores detallaron que las circunstancias de los decesos recientes incluyen “negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Señalaron que el sistema penitenciario ha sido utilizado “para perseguir, castigar y quebrar a quienes piensan distinto”, en una política de intimidación que también incluye el bloqueo a la defensa legal y la imposición de defensores públicos sin consulta.
Díaz fue arrestado en noviembre de 2024, tres días antes de la fraudulenta investidura presidencial de Maduro para un tercer mandato consecutivo. Su caso, junto a los de otros líderes y figuras sociales —incluyendo al defensor Carlos Correa y el ex candidato Enrique Márquez—, ha sido catalogado por la oposición como parte de una escalada represiva que busca debilitar los lazos familiares y políticos del movimiento adversario.
El político fallecido cuestionó la falta de publicación de los resultados desglosados de las presidenciales y denunció, días antes de su detención, la crisis eléctrica que vivió en noviembre el estado de Nueva Esparta, que el Gobierno atribuyó a ataques de la oposición.
Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, señaló que, conforme a los procedimientos internacionales, la muerte de Díaz “debe ser investigada de manera objetiva e imparcial”.
Desde la oposición, María Corina Machado y Edmundo González prometieron documentar “cada omisión y cada responsabilidad”, recalcando que “no habrá impunidad” y asegurando que la justicia debe llegar para todas las víctimas de la represión.
Díaz “llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija”, indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal dedicada a defender a detenidos por razones políticas.
(Con información de EFE)