El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela comunicó que las autoridades autorizaron visitas para el periodista y activista político Carlos Julio Rojas, tras haber permanecido cuatro meses bajo “aislamiento” en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas.
La sección Caracas del CNP señaló que a Rojas “le fue restituido su derecho a recibir visitas”. El mensaje además citó a familiares, quienes aseguraron que “se encuentra en buen estado de salud”.
Carlos Julio Rojas fue detenido el 15 de abril del año pasado. El fiscal general, Tarek William Saab, lo acusa de los presuntos delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.
Las autoridades señalan que habría estado vinculado a un plan para asesinar al dictador Nicolás Maduro durante el acto de inscripción de su candidatura presidencial, realizado en marzo de 2024, con vistas a las elecciones del 28 de julio del año pasado.
En el país, permanecen detenidos 22 periodistas y empleados del sector, según informó a la agencia de noticias EFE el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Además, la organización Foro Penal registró, hasta el 10 de noviembre pasado, 882 presos políticos, entre los cuales hay 878 adultos y 4 adolescentes.
El Índice de Chapultepec 2024 elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) situó a Venezuela en el puesto 21 de los 22 países evaluados respecto a las libertades de expresión y de prensa.
El régimen sentenció a 30 años de cárcel a una médica
En otro orden, la dictadura de Nicolás Maduro condenó a 30 años de prisión a Marggie Orozco, una médica venezolana de 65 años oriunda del estado Táchira, tras la difusión de un audio de WhatsApp donde criticaba al régimen chavista por la crisis en el país.
La organización Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales confirmó la sentencia contra Orozco y señaló que con esta acción “se evidencia la saña del régimen”.
La sentencia fue dictada el pasado 14 de noviembre por un tribunal penal tras una denuncia promovida por una integrante de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), una estructura bajo control del chavismo, y se justificó bajo cargos de traición a la patria, incitación al odio y conspiración.
La detención de Marggie Orozco ocurrió la noche del 5 de agosto de 2024 en San Juan de Colón, una localidad andina próxima a la frontera con Colombia.
La acusación surgió después de que la médica compartiera en un grupo de WhatsApp un mensaje donde instaba a sus vecinos a participar en las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio.