El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) exigió este martes la libertad para el ex diputado Juan Pablo Guanipa, al cumplirse cuatro meses de su detención, acusado por el régimen de Nicolás Maduro de formar parte de un presunto plan para “boicotear” las regionales del pasado 25 de mayo.
“Levantamos la voz por su libertad y por la de todos los presos políticos, porque ni las rejas ni la persecución podrán apagar la esperanza de un pueblo que merece vivir en democracia”, indicó la formación en un mensaje publicado en X.
Ramón Guanipa, hijo del ex diputado, indicó en la misma red social, que en casa lo siguen esperando “con la misma fe con la que él siempre ha luchado por Venezuela”.
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“Recordamos su espíritu combativo, su fuerza, su voz que nunca se quebró frente a la injusticia. Ese ejemplo es el que nos mantiene firmes en medio de la ausencia”, añadió.
Guanipa permanecía en la clandestinidad cuando fue detenido, el 23 de mayo pasado, en un operativo policial en el que, según la dictadura chavista, se desmanteló un presunto plan que tenía como objetivo “boicotear” los comicios regionales y legislativos de ese mes y realizar supuestos “actos terroristas”, por lo que también fueron detenidas más de 70 personas, entre ellas extranjeros.
La última vez que Guanipa apareció en público fue el 9 de enero de este año, cuando acompañó a la líder opositora María Corina Machado en una protesta en Caracas en defensa del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por funcionarios afines al chavismo, proclamó de manera fraudulenta ganador a Maduro.
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Represión, asesinatos y torturas
El lunes, la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe que documenta detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia en Venezuela durante el periodo posterior a las elecciones presidenciales de 2024. El documento también detalla la represión intensificada contra opositores, periodistas y manifestantes por parte del régimen chavista.
El archivo presentado abarca el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 y tiene como objetivo mostrar ante la comunidad internacional los patrones de represión sistemática que, según la Misión, persisten en el país caribeño. El documento sostiene que la represión posterior a los comicios representa la continuación de un plan orientado a suprimir a la oposición o a quienes sean percibidos como tal.
Entre los hallazgos más relevantes, la Misión documenta graves violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias de adultos y adolescentes, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas y muertes de manifestantes. El informe indica que entre el 28 de julio de 2024 y el 12 de enero de 2025 se registraron 220 detenciones de menores de edad: 187 niños, 22 niñas y 11 personas cuyo género no pudo determinarse, con edades entre 12 y 17 años. Además, se reportaron 30 casos de posible desaparición forzada, de los cuales 12 cumplen con la definición estricta de este delito, afectando a seis hombres, dos mujeres y cuatro menores.
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