La llegada de 92 buques petroleros a los puertos venezolanos durante julio de 2025, de los cuales una parte significativa operó de manera furtiva al apagar sus sistemas de rastreo y ocultar su identidad, ha encendido las alarmas sobre el riesgo de desvío de fondos públicos y la opacidad en la comercialización del crudo nacional. Así lo documentó Transparencia Venezuela, que advierte sobre la magnitud de las maniobras ilegales y la falta de transparencia en el manejo de uno de los principales recursos económicos del país.
El informe detalla que, en ese mes, al menos 24 embarcaciones no mostraron sus identificadores marítimos, mientras que 12 fueron catalogadas como tanqueros ‘furtivos’ por firmas especializadas en riesgos navieros. Además, un número indeterminado de buques alternó el encendido y apagado de sus señales, lo que dificulta aún más el registro preciso del tráfico marítimo en aguas venezolanas. La organización señala que la cifra real de buques fantasmas podría ser considerablemente mayor, ya que la práctica de apagar los sistemas de rastreo se ha vuelto sistemática entre las tripulaciones que operan en la zona.
Las maniobras detectadas incluyen el uso de banderas de conveniencia, una estrategia que permite a los buques operar bajo jurisdicciones laxas en materia de regulación marítima. De los 92 tanqueros identificados, el 80% navegó bajo banderas de países como Panamá, Islas Comoras, Guinea, Islas Marshall y Liberia. Transparencia Venezuela subraya que, entre estos, al menos 12 buques han sido clasificados como ‘furtivos’ debido a su historial de ocultamiento y manipulación de datos de ubicación e identidad, una práctica conocida internacionalmente como spoofing. Esta técnica, que consiste en falsear la información transmitida por los sistemas de rastreo, complica la labor de monitoreo y facilita la evasión de controles internacionales.
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El panorama se agrava con la presencia recurrente de embarcaciones sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, como el ROSALIN, con bandera de San Tomé y Príncipe, y el MARÍA CRISTINA, de Cuba. Además, Transparencia Venezuela identificó la operación de un buque vinculado a la llamada ‘flota oscura’ rusa, el BANDRA o SENSUS, que navega con doble identidad bajo la matrícula IMO 9296585. La participación de estos actores sancionados y de la flota rusa añade un componente internacional a las maniobras furtivas, incrementando los riesgos de ilegalidad y desvío de recursos.
En cuanto a los destinos de exportación, la información recopilada por Transparencia Venezuela revela un patrón de envíos hacia China, Cuba, Países Bajos y Rusia. A finales de julio, se confirmaron al menos cinco operaciones de trasiego de carga (ship-to-ship o STS) en las inmediaciones de la terminal de la bahía de Amuay, en la península de Paraguaná, estado Falcón. Durante estas maniobras, se registró la presencia simultánea de 24 embarcaciones que no emitieron señales de rastreo, lo que refuerza la hipótesis de una red de operaciones opacas y coordinadas para eludir la supervisión internacional.
Transparencia Venezuela advierte que todos estos hallazgos evidencian un riesgo permanente de desvío de recursos públicos, ya que las operaciones requieren la intervención de intermediarios dispuestos a transgredir normas y a ocultar información tanto a las autoridades sancionadoras como a la propia Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa). Entre 2019 y 2023, investigaciones independientes revelaron que la petrolera estatal perdió el control sobre sus intermediarios, acumulando cuentas por cobrar que rondaron los USD 16.960 millones. Hasta la fecha, se desconoce cuánto de ese dinero se recuperó, ingresó a las arcas públicas o fue nuevamente desviado, lo que ilustra la magnitud de la opacidad y el impacto económico de estas prácticas.
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La actividad petrolera sigue siendo el pilar de la economía venezolana, al representar la principal fuente de divisas y de ingresos fiscales. Sin embargo, el sector opera bajo un monopolio estatal que, según Transparencia Venezuela, ha transformado la estructura de gobernanza y administración en las últimas dos décadas, generando amplias oportunidades para la corrupción y la impunidad. Este contexto se ve agravado por la depreciación del bolívar, que perdió 57,25% de su valor frente al dólar entre enero y julio de 2025, y una inflación acumulada de 229% hasta mayo, según estimaciones de fuentes independientes citadas por la organización.
Además, se proyecta una contracción económica del 4% para finales de año, en contraste con las cifras oficiales enviadas por la dictadura de Nicolás Maduro a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que reportan un aumento de la producción a 1.084.000 barriles diarios en julio. Estas cifras oficiales contradicen la percepción de impacto tras la revocatoria de la licencia petrolera N° 41 y otras medidas restrictivas.
El informe de Transparencia Venezuela también destaca que, aunque los precios internacionales del crudo venezolano varían entre USD 58,14 por barril sin sanciones y alrededor de USD 32 por barril bajo sanciones, la problemática de opacidad y desvío de recursos no es nueva. El país enfrenta estas dificultades desde 2014, tras el último gran auge petrolero y antes de la imposición de las primeras sanciones financieras internacionales.
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El reciente anuncio de una nueva licencia petrolera para Chevron a finales de julio abre la posibilidad de reactivar ciertas actividades formales de comercialización de hidrocarburos en Venezuela. No obstante, el alcance de esta medida y la eventual inclusión de otras empresas internacionales dependerán de decisiones futuras aún inciertas.
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