Representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (CNCTL) convocaron en Caracas una manifestación prevista para el 14 de agosto, en protesta por lo que describen como una “represión desatada” por el régimen de Nicolás Maduro en el país. Según fuentes sindicales, la movilización tiene como objetivo entregar un documento tanto en la Defensoría del Pueblo como en el Ministerio Público (MP), e implicará la participación de diversos sectores de la sociedad.
Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV, explicó en rueda de prensa: “El jueves 14, dentro de una semana exactamente, estamos convocando a una movilización del pueblo trabajador, de las amas de casa, de las organizaciones sociales, de los cultores populares, de todos los sectores”. Sánchez afirmó que la represión solo puede enfrentarse “con organización, articulación y movilización”, e informó que la concentración comenzará a las 09:00 en la plaza Morelos, en el centro de la capital.
La convocatoria responde a recientes denuncias sobre agresiones a familiares de presos políticos que realizaban una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en demanda de atención a los casos judiciales de sus parientes. “Sabemos que hay una política represiva, pero esa solamente podemos derrotarla con organización”, expresó Sánchez, reiterando su solidaridad con quienes reclaman justicia por sus familiares detenidos.
Por su parte, Dick Guanique, del CNCTL, señaló que la protesta también busca exigir el respeto a la Constitución y rechazar los bajos salarios que perciben los trabajadores venezolanos. “Hoy la respuesta que ha dado el Gobierno nacional es la represión, la detención, el terror”, indicó.
El pronunciamiento de los sindicatos ocurrió tras la denuncia de un grupo de familiares de presos políticos, que aseguraron haber sido agredidos durante una vigilia en las inmediaciones del TSJ, donde promovían una reunión con la presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, para solicitar la revisión de procesos judiciales. Según Surgentes, una organización no gubernamental venezolana, familiares y activistas presentes en la vigilia fueron despojados de teléfonos y documentos por un grupo de individuos encapuchados, supuestamente armados, que llegaron en más de 50 motocicletas cerca de las 22:00 del martes.
Las víctimas, en su mayoría mujeres, intentaron formalizar la denuncia al día siguiente ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), donde, de acuerdo con el relato de la activista Martha Grajales, les informaron que no eran competentes para procesarla. Grajales relató que, finalmente, en la oficina de atención a la víctima, les respondieron que “esa denuncia no procedía por ahí”.
La ONG Provea condenó los hechos y advirtió en la red social X que “la ausencia de resguardo a la manifestación por parte de los organismos de seguridad pudo haber propiciado este nuevo ataque a la protesta social”. Provea denunció la agresión contra al menos 50 madres y activistas en el incidente frente al TSJ y señaló la falta de protección oficial durante la vigilia.
El Movimiento Por Venezuela (MPV) también condenó “la omisión de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo en la investigación de este ataque, el cual cercena el derecho constitucional a la protesta pacífica”. Agregó que “acciones de este tipo no contribuyen con la vigencia del Estado de derecho en Venezuela”.
A su vez, Primero Justicia (PJ) manifestó su rechazo a las agresiones ejercidas contra las activistas del Comité de Madres en Defensa de la Verdad. Mediante un comunicado difundido el miércoles en X, la organización advirtió que la “inacción de las autoridades y la indiferencia del TSJ ante estos hechos es una muestra más del amparo a la impunidad y la revictimización de quienes exigen justicia”.
(Con información de AFP, EFE y EP)