Agregar Infobae enGoogle

El régimen de Maduro amenazó con “detener” las operaciones de ExxonMobil en el Esequibo y escala su hostilidad contra Guyana

El dictador chavista advirtió que no permitirá la explotación petrolera en un territorio que considera “pendiente de delimitación”

La amenaza de Nicolás Maduro a Guyana por las operaciones de ExxonMobil

El régimen de Nicolás Maduro lanzó este miércoles una nueva amenaza contra Guyana y la petrolera estadounidense ExxonMobil, asegurando que tomará “todas las medidas necesarias” para frenar sus operaciones en el Esequibo, una región rica en petróleo y recursos naturales que Venezuela reclama como propia.

Sin detallar qué tipo de acciones implementará, el dictador chavista advirtió que no permitirá la explotación petrolera en un territorio que considera “pendiente de delimitación”.

“Es absolutamente ilegal y Venezuela lo rechaza, lo denuncia y tomaremos todas las acciones para detener la acción ilegal de la ExxonMobil y del Gobierno entreguista de Guayana”, amenazó el dictador caribeño.

La declaración de Maduro se produjo en respuesta a la denuncia del presidente guyanés, Irfaan Ali, quien acusó el sábado a la Armada venezolana de ingresar ilegalmente en aguas de Guyana.

El régimen madurista ha defendido la incursión de su buque al sostener que la zona sigue en disputa y no pertenece legítimamente a Georgetown.

Sin detallar qué tipo de acciones implementará, el dictador chavista advirtió que no permitirá la explotación petrolera en un territorio que considera “pendiente de delimitación” (REUTERS/Chris Helgren)

“Guyana está en una tarea ilegal de disponer de un mar territorial pendiente de delimitación internacional para actividades de explotación petrolera”, afirmó Maduro en un acto oficial, en el que reiteró su rechazo a la presencia de ExxonMobil en la zona y acusó al Gobierno guyanés de actuar en contra de su propia soberanía.

La disputa territorial entre Venezuela y Guyana se remonta a hace más de un siglo, pero se intensificó en 2015 cuando ExxonMobil descubrió importantes yacimientos de petróleo en la región.

Georgetown ha seguido avanzando en la explotación de estos recursos, otorgando en 2023 licencias petroleras que elevaron las tensiones con Caracas. En abril de 2024, la firma de un nuevo contrato con ExxonMobil reavivó el conflicto, lo que llevó a Venezuela a calificar la concesión de “ilegal”.

El régimen venezolano ha justificado su reciente despliegue de embarcaciones en la zona como una medida para “garantizar la soberanía nacional y la seguridad en los espacios acuáticos”.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, acusó a la Armada venezolana de ingresar ilegalmente en aguas de país (EFE/Etienne Laurent

La Fuerza Armada de Venezuela aseguró el martes haber detectado, mediante “imágenes satelitales”, la presencia de “28 buques de perforación y tanqueros extranjeros” operando en el área en disputa.

Ali, por su parte, ha sostenido que las operaciones de ExxonMobil “se realizan legalmente dentro de la zona económica exclusiva de Guyana”.

Las hostilidades entre ambos países han escalado en los últimos meses. El pasado 17 de febrero, Guyana denunció que seis de sus soldados resultaron heridos en una emboscada perpetrada por presuntos miembros de una banda criminal venezolana. Caracas tachó la acusación de “montaje”.

En medio de la creciente tensión, las autoridades de ambos países se reunieron a finales de 2023 para evitar una escalada del conflicto. Sin embargo, el chavismo ha insistido en desconocer las concesiones petroleras guyanesas y ha reiterado su posición de que el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado entre Venezuela y Reino Unido antes de la independencia de Guyana, es la base para una negociación territorial.

Georgetown, en cambio, rechaza esta postura y en 2018 llevó la disputa ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), solicitando la ratificación del laudo arbitral de 1899 que fijó las fronteras actuales de Guyana.

Las autoridades de ambos países se reunieron a finales de 2023 para evitar una escalada del conflicto (REUTERS)

La decisión de la CIJ aún está pendiente, pero Maduro ha advertido que no reconocerá un fallo contrario a sus intereses.

El conflicto por el Esequibo, que abarca aproximadamente 160.000 km², continúa siendo un foco de inestabilidad en la región, con el riesgo de una escalada mayor impulsada por la retórica beligerante de Caracas.

La Comunidad del Caribe (Caricom) instó a Guyana y Venezuela a “evitar acciones de confrontación innecesarias”, y solicitó a Caracas que “ordene la retirada urgente del buque de las aguas de Guyana y, además, se abstenga de entrar en contacto con las plataformas FPSO”.

(Con información de EFE y AFP)

PUBLICIDAD

Más Noticias

Familiares pidieron atención médica urgente para más de 30 militares presos en Venezuela tras 11 días en huelga de hambre

El pedido fue realizado por los allegados de los detenidos por motivos políticos en la cárcel de Ramo Verde, cercana a Caracas. “No esperemos a que esto termine en una tragedia fatal”, expresó una madre que alertó sobre la situación de los reos

Venezuela: encuesta muestra que 54% de estudiantes universitarios pensaron en dejar su carrera

Sondeo realizado por el Observatorio de Unidades de Venezuela muestra que la mayoría de las instituciones de educación superior registran fallas graves en servicios como agua, electricidad e internet

Falta de transparencia impide precisar número y monto de créditos otorgados a comerciantes de La Guaira

La Cámara de Comercio de la entidad que resultó más golpeada por el doblete sísmico que se registró en Venezuela el 24 de junio, señala que pocos de sus afiliados han recibido la prometida ayuda gubernamental

Venezuela firmó 84 acuerdos en materia de petróleo y gas tras la reforma de la legislación de hidrocarburos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo durante una exposición en Anzoátegui que los convenios fueron suscritos luego de la reforma de la Ley de Hidrocarburos a principios de año

Delcy Rodríguez promulgó la reforma de la Ley del Servicio Eléctrico y habilitó la inversión privada en Venezuela

La norma, aprobada previamente por el Parlamento, autoriza a compañías locales y extranjeras a intervenir en la producción de energía y suma incentivos fiscales para la búsqueda de capital en el sector