La Plataforma Unitaria Democrática, que reúne a la oposición mayoritaria de Venezuela, pidió este martes a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la muerte de tres presos políticos post electorales, como parte de sus tareas por documentar y evaluar la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Tras haber estado detenidos desde el 1 de agosto, la PUD informó que Osgual Alexander González Pérez, de 43 años, y su hijo de 19, habían fallecido en prisión. A su caso se sumó el jueves Jesús Rafel Álvarez, de 44 años, detenido desde el 2 de agosto junto con su esposa, y Jesús Manuel Medina Martínez, de 36, preso desde el 29 de julio y fallecido en noviembre, entre tantos otros.
A raíz de estos sucesos, la PUD difundió un comunicado en las últimas horas en el que llamó a los magistrados de La Haya y a la comunidad internacional a no permanecer indiferentes tras los “dolorosos casos” de estos civiles, que “hoy enlutan a familias venezolanas”, y a tomar acciones concretas para impedir que sigan ocurriendo.
“Condenamos las muertes de ciudadanos bajo custodia del Estado que, lamentablemente, han sido verificadas, por la falta de atención médica oportuna” que “sufren los presos políticos y comunes en las cárceles venezolanas”, indica el escrito, que denuncia a continuación que estas prácticas son “violatorias de los derechos humanos y se constituyen en delitos para quienes tienen la responsabilidad de brindar la debida y oportuna asistencia médica y no la garantizan”.
“Esta denegación de acceso a la salud ha ocasionado la muerte de varios ciudadanos, a quienes se le negó la debida atención médica a pesar de que, en muchos de los casos, han sido hechos públicos y notorios las solicitudes y denuncias de los familiares”, aseguró la PUD.
La víspera, María Corina Machado también había alzado su voz y advirtió que “Maduro los está matando, de una u otra forma”.
“Tres vidas arrebatadas por un sistema criminal, tres familias desgarradas y a quienes les han violado todos los derechos humanos”, lamentó, antes de insistir en que la única manera “de parar esta tragedia” es “cumplir el mandato que dio el pueblo” en las urnas y “hacer justicia”.
Según el último balance de la ONG Foro Penal, que monitorea la situación en las cárceles venezolanas, en el país hay más de mil presos políticos, muchos de ellos detenidos en el contexto de las protestas post electorales.
Como parte de las protestas por conseguir la libertad de sus seres queridos, en las últimas horas, un grupo de familiares de las víctimas se reunió junto a los miembros de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón para abogar por un cambio de esta situación, especialmente tras el regreso de forma parcial de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos al país.
“Extendemos nuestros votos para que (...) la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela pueda ejercer cabalmente su mandato de protección y desde sus funciones pueda interceder efectivamente por la liberación de todos los presos políticos”, pidió el grupo, que se acercó con fotos de sus seres queridos y soltó globos blancos al aire.
(Con información de EFE)