Familiares de los presos políticos en Venezuela se manifestaron este miércoles frente a la sede de la Fiscalía, en Caracas, para exigir a la Justicia que retire los cargos contra ellos y los deje en libertad. Con carteles con lemas como “Libertad para todos los presos políticos”, “Basta de persecución” y “No más tortura en Venezuela”, el grupo protestó contra el régimen de Nicolás Maduro y la intensa represión que ordenó desde los comicios del 28 de julio.
Yuleima Ruiz, hermana de Edwin, quien fue detenido por defender a unas personas que estaban siendo “perseguidas por oficiales” de la dictadura, confió en que Dios abrirá “los corazones y las mentes” de las autoridades, para que puedan así “escuchar las peticiones” que acercaron, como la de levantar “los cargos tan atroces como lo es el terrorismo”, la incitación al odio, la resistencia a la autoridad y el hurto calificado.
“(El terrorismo) es una palabra tan horrible que hay que buscar hasta en el diccionario”, sostuvo.
El grupo también reclamó el acceso a los expedientes de sus parientes para una correcta evaluación de cada caso y la posibilidad de designar a un equipo de abogados de confianza, que el régimen suele prohibir, quedando los acusados obligados a recibir la defensa de un letrado impuesto por el Estado, que no presenta pruebas o documentos clave.
En Venezuela hay, de momento, 1.958 presos políticos, de los cuales 1.828 se remontan a las protestas post electorales, iniciadas el 28 de julio, según datos de la ONG Foro Penal. De ellos, 70 son menores de edad y nueve presentan discapacidades.
Se trata del “mayor número de presos con fines políticos conocido en el país, al menos en el siglo XXI”, advirtieron desde la organización, mientras que desde Justicia, Encuentro y Perdón denunciaron que estas personas están en “condiciones alarmantes de reclusión”, con “mala alimentación”, una atención médica indebida y la carencia de productos de higiene personal.
También se acusó al régimen de darles “comida dañada” y de mantenerlos durante días sin acceso al agua potable.
A raíz de ello, días atrás, familiares de los menores detenidos entregaron un documento a Unicef en Caracas en el que solicitaban a la Agencia de la ONU que interceda ante el régimen para conseguir su liberación.
La situación “de los niños y jóvenes es alarmante”, comenzó apuntando el texto, que especificó que “están injustamente detenidos” y “viven en condiciones infrahumanas, no aptas para su edad y condición, en violación de los estándares internacionales”. Entre ellas, precisaron los allegados, se encuentran el “hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos de salud, la alimentación deficiente y la falta de protección frente a abusos físicos y psicológicos”.
Katherine Martínez, una de las firmantes del documento, explicó que su hija, de 17 años, fue detenida “porque está en un grupo de WhatsApp” y, ahora, “están pidiendo para ella diez años (de cárcel) por el delito de incitación al odio”.
María Corina Machado, en Venezuela, y Edmundo González Urrutia, en España, aseguran seguir trabajando por conseguir el cese de la persecución en el país y la libertad de todos los presos políticos, así como el retorno del orden democrático, tal como fue expresado por la mayoría del pueblo en los comicios.
“Todo lo que vale la pena sucede únicamente cuando le apostamos por completo a la verdad y a la vida. Hemos recorrido juntos un largo camino de dolor, crecimiento y rendición. Es hora de construir el futuro que realmente nos merecemos”, dijo la líder opositora días atrás al ratificar su lucha en defensa de la victoria del ex diplomático.
(Con información de EFE)
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