Activistas de derechos humanos en Venezuela encendieron alertas por la nueva ley de fiscalización de ONG, aprobada este jueves por el Parlamento, al considerar que “profundizará la persecución” de críticos de Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude en su reelección.
El unicameral Parlamento, controlado por el chavismo, votó unánimemente a favor de esta ley, que ordena a las Organizaciones No Gubernamentales a inscribirse en un registro manejado por el Ministerio de Interior y hacer una “relación de donaciones” para su funcionamiento, en la que deben precisar si los fondos vienen de fuentes nacionales o extranjeras.
Forma parte de un paquete legislativo solicitado por Maduro tras protestas contra su proclamación como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio, que dejaron 25 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
“La ley tiene una intención punitiva”, dijo en una declaración a la prensa Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, quien estimó que unas 10.000 organizaciones de este tipo hacen vida en el país.
Una vez se publique la legislación en Gaceta Oficial, las ONG tendrán 90 días para inscribirse en el nuevo registro y 180 días para reformar estatutos a fin de adaptarlos a la normativa aprobada, sin plazos para la respuesta del Estado.
“Va a ser una espada de Damocles (...). Todas las organizaciones que existimos ahora vamos a quedar a la discrecionalidad, por no decir arbitrariedad, de un funcionario”, advirtió Daniels.
Es “un golpe” para “controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y el país (...), amenazando con disoluciones y multas millonarias a las ONG que ya estamos consolidadas y cumplimos decenas de leyes e impuestos”, criticó en un comunicado en la red social X la organización de derechos humanos PROVEA.
“Alertamos a la comunidad internacional sobre esta Ley que profundizará la persecución a las voces disidentes y silenciará el espacio cívico”, agregó.
Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, sostuvo que esta norma “concreta la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil”.
Las ONG han sido claves en las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela, entre la opacidad de las fuentes oficiales.
Son a la vez blanco frecuente de ataques de altos funcionarios gubernamentales, que suelen acusarlas de funcionar como “fachadas” para conspirar contra Maduro con financiamiento de Estados Unidos y otros países.
Esta ley, de hecho, fue planteada en enero de 2023 por el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, quien acusó a más de 60 ONG de “desestabilizar” el país.
“Busca eliminar una línea de defensa que tienen los venezolanos, que en estos 25 años (con el chavismo en el poder) ha acompañado a las víctimas”, comentó el abogado de derechos humanos Eduardo Torres.
“Aprueban esta ley en un contexto de profundización de la represión postelecciones”, expresó Torres.
El incumplimiento de la nueva ley implica multas que pueden llegar a 10.000 dólares. Son, en realidad, “multas confiscatorias”, sostiene Daniels.
Hay normativas similares en la región en Cuba, Nicaragua, Guatemala y Bolivia.
“Esta ley, lamentablemente, nos está poniendo en el camino de Nicaragua”, indicó Daniels, refiriéndose al cierre de más de 3.600 ONG desde que la administración de Daniel Ortega endureció el marco legal para su funcionamiento tras masivas protestas en 2018.
El paquete de leyes pedido por Maduro incluye también una para “castigar” al “fascismo”, término con el que el oficialismo suele calificar a sus detractores.
Se planteó igualmente en la Asamblea Nacional una ley de redes sociales, que según Maduro son utilizadas para “campañas de odio”. El mandatario ordenó suspender X por 10 días y promueve un boicot contra WhatsApp.
Plataformas de información y entretenimiento también han sido bloqueadas por proveedores de Internet.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, había instado a las autoridades a frenar la aprobación de “leyes que socaven el espacio cívico y democrático” y expresó preocupación por las masivas detenciones.
Su portavoz, Ravina Shamdasani, describió un “clima de miedo” en el que “es imposible aplicar los principios democráticos”.
(AFP)