El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este lunes que, durante las protestas contra el resultado oficial de las presidenciales, por el que se ratificó la victoria de Nicolás Maduro, se registraron 25 muertes, que atribuyó a “grupos delincuenciales instrumentalizados”.
“Podemos decir que, hasta ahora, todas estas muertes pueden ser atribuidas a los grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados ‘comanditos’”, dijo Saab en un acto transmitido por el canal estatal VTV, en referencia a las estructuras de organización ciudadana que conformó, durante la campaña electoral, la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Según el fiscal, la mayoría de las muertes ocurrieron en Caracas y en el estado Aragua (norte), con un total de siete víctimas mortales en cada uno, y también en Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), Yaracuy (noroeste), Nueva Esparta (insular), Lara (noroeste), Miranda (centro), Táchira (oeste) y Zulia (noroeste), aunque no detalló las cifras por región.
Saab ha destacado que “gracias a la acción decidida y coordinada entre el Ministerio Público y los órganos auxiliares de justicia pudimos aplacar en pocas horas las acciones violentas de carácter terroristas”.
Hasta el 2 de agosto, según Saab, unas 192 personas resultaron heridas en protestas, de las cuales “97 pertenecen a cuerpos de seguridad del Estado”.
Este lunes, la Misión de determinación de los hechos en Venezuela de la ONU exigió a las autoridades venezolanas “detener inmediatamente la represión e ‘investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo’”, según un comunicado del organismo.
“De acuerdo con los expertos, el Estado ha creado un clima de temor generalizado que ha dado lugar a 23 muertes documentadas entre el 28 de julio y el 8 de agosto, la mayoría de ellas por disparos de armas de fuego. En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años”, señala la nota de prensa de la ONU.
Asimismo, la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, dijo que las denuncias “deben investigarse y que, de confirmarse un abuso de la fuerza por los cuerpos de seguridad o de civiles armados progubernamentales, debe haber rendición de cuentas”.
El fiscal general venezolano ha denunciado el “doble rasero” de la misión, “que se quiere atribuir una investigación que no le compete y que el Ministerio Público tiene desarrollada”.
El régimen aseguró haber recibido reportes ciudadanos con detalles sobre 22 de las 25 muertes computadas por la Fiscalía, a través de una aplicación digital creada por el Estado venezolano.
La crispación política se ha disparado luego de las presidenciales, toda vez que la PUD asegura que su abanderado, Edmundo González Urrutia, ganó por amplio margen los comicios y publicó el “83,5 %” de las actas electorales para sustentar su reclamo.
(Con información de EFE y EP)