Las autoridades migratorias de Guatemala han rechazado el ingreso irregular de 6.085 venezolanos al país centroamericano, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) divulgadas este miércoles.
En 2024, un total de 7.900 extranjeros han sido rechazados y el 77 % (6.085) son de origen venezolano, refiere la fuente, que precisa que estas personas han sido detenidas y expulsadas en los diferentes puntos migratorios del país.
Entre los detenidos también se encuentran 727 personas de Colombia, 475 de Ecuador, 156 de Haití, 115 de Honduras y el resto son de naciones como Perú, El Salvador, Brasil, China, entre otras.
Las estadísticas detallan que la mayoría de expulsiones se han registrado en el paso fronterizo denominado Agua Caliente, ubicado en el departamento (provincia) de Chiquimula, en la frontera este con Honduras.
Hasta finales de marzo pasado, unos 64.000 venezolanos habían cruzado la selva del Darién, la frontera de Panamá y Colombia, en busca de llegar a Estados Unidos por mejores condiciones de vida, según las autoridades panameñas.
Durante los últimos años, la crisis política y económica de Venezuela ha impulsado a millones a salir del país sudamericano.
Persecución de cara a las elecciones
La Contraloría General de Venezuela, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, inhabilitó a cuatro opositores, entre ellos un alcalde, para ejercer “cualquier cargo” público por 15 años, así como a otro antichavista por un período de 12 meses, según se pudo constatar este miércoles en la página web de la institución.
Los sancionados hasta el año 2039 son el alcalde del municipio El Hatillo (estado Miranda, norte), Elías Sayegh, el ex diputado Tomás Guanipa y los ex alcaldes Josy Fernández y Carlos Ocariz, mientras que el ex parlamentario Juan Carlos Caldera está inhabilitado “por 12 meses”.
De los cinco, Guanipa, Ocariz y Caldera pertenecen al partido Primero Justicia (PJ), intervenido el lunes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que entregó el mando al candidato presidencial José Brito, expulsado de la formación en 2020 ante señalamientos de corrupción.
La presidenta de PJ, María Beatriz Martínez, aseguró este miércoles que estas nuevas inhabilitaciones -que se anuncian cuando el país se prepara para celebrar las presidenciales el próximo 28 de julio- significan “una nueva arbitrariedad” por parte del “régimen” chavista.
“El régimen actúa de esa forma, sabe que tiene una fecha de vencimiento, que es el 28 de julio. Nuestro objetivo es luchar por una Venezuela donde estas injusticias no ocurran y haya un verdadero Estado de derecho”, expresó la dirigente.
De PJ, también está inhabilitado el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, quien no puede ocupar cargos públicos hasta 2032, una sanción que fue ratificada en enero por el Supremo, que responde a los intereses de la dictadura.
Primero Justicia forma parte de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que eligió al ex embajador Edmundo González Urrutia como su candidato presidencial, en sustitución de María Corina Machado -ganadora de las primarias de octubre pasado-, quien está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular.
La página de la Contraloría no precisa las razones por las que fueron inhabilitados estos opositores.
(Con información de EFE)