El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció este domingo sobre una “nueva maniobra antidemocrática” para solicitar la intervención de su organización política ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de la que responsabilizan a grupos “al servicio del Gobierno” y del oficialista Partido Socialista Unido (PSUV).
“Grupo de mercenarios al servicio del Gobierno-PSUV se prepara para solicitar -en las próximas horas- al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la ilegal intervención del Partido Comunista de Venezuela”, denunció la formación en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
A finales de febrero, un total de 45 formaciones comunistas de todos los continentes condenaron lo que consideran un “plan para asaltar e intervenir el PCV” por parte del Estado, según señaló un comunicado difundido entonces por la agrupación política del país caribeño.
Según el PCV, que denuncia desde años este plan, los ataques se dan por diferentes vías, y el fin de los mismos es la intervención de la directiva nacional de la formación, por -asegura- desmarcarse de la política que lleva a cabo el dictador Nicolás Maduro al frente del Ejecutivo.
La dirección del PCV denunció, en repetidas ocasiones, las acciones del Estado contra la formación, como la inhabilitación de su candidato a la repetición de las elecciones en el estado Barinas -cuna de Hugo Chávez-, que se celebraron el 9 de enero de 2022.
Esta semana, el PCV aseguró que el régimen de Maduro utiliza estas inhabilitaciones administrativas como “un instrumento para neutralizar y anular” a actores políticos de la nación caribeña.
En los últimos años la dictadura chavista, con el claro objetivo de tener el camino allanado para una victoria segura, ha implementado la misma estrategia en cada proceso electoral: inhabilitaciones y proscripciones de candidatos, e intervención de diferentes partidos. Esto último sucedió con la gran mayoría de los espacios de la oposición: el primer paso consiste en hacer a un lado al opositor mejor ubicado en la carrera electoral, y luego en su lugar es ubicado un dirigente cercano al chavismo pero que se autoproclama opositor.
De cara a las elecciones presidenciales del próximo año, la dictadura de Maduro ya empezó con sus clásicas maniobras. El pasado 30 de junio la Controlaría General de Venezuela informó de la inhabilitación a María Corina Machado, que le impide desempeñar cargos públicos de elección popular durante 15 años, tras una investigación patrimonial en la que -aseguró la institución- se determinaron errores y omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas durante la auditoría correspondiente.
La decisión la difundió el diputado José Brito, que solicitó a la Contraloría información sobre el estatus de la líder de Vente Venezuela (VV), quien presentó su candidatura a las primarias de octubre. Brito es ex funcionario del opositor Primero Justicia (PJ) acusado de operar para el régimen de Maduro e involucrado en el esquema de corrupción de las cajas de alimentos Clap.
A pesar de la inhabilitación, el próximo 22 de octubre, la ex diputada competirá contra otros 12 aspirantes en unas primarias organizadas por la principal coalición opositora para escoger al abanderado que se enfrentará al chavismo en las presidenciales de 2024.
Si la inhabilitación de Machado se mantiene, no podrá competir por la Presidencia contra la persona que el chavismo designe como candidato, puesto que su estatus le impide inscribirse como candidata ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y, por tanto, hacerse con la jefatura de Estado.
“La inhabilitación no vale nada, después de la primaria a Maduro le va a tocar negociar conmigo”, advirtió la precandidata a presidente de Venezuela en una reciente entrevista con Infobae.
Con información de EFE
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