La Corte Suprema de Justicia dejó firme la responsabilidad penal de Carlos Manuel A. por lesiones gravísimas contra Arturo López, el empleado de una cochera de Monserrat que sufrió graves secuelas neurológicas tras recibir un golpe de puño en 2021.
El máximo tribunal rechazó por inadmisible un recurso presentado por la defensa del acusado, quien tenía 17 años al momento del ataque. Según fuentes judiciales, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
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Hay que aclarar que esta decisión no alcanza a la pena que deberá cumplir el joven. Ese punto continúa en debate ante los tribunales porteños, que deben definir el monto y la modalidad de una nueva sanción dentro del régimen penal juvenil.
El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2021 en una playa de estacionamiento de la calle Moreno al 800. Aquel día empezó como cualquier otro para Arturo. De 66 años, llegó temprano al lugar de trabajo. La jornada laboral estuvo tranquila hasta que, en un instante, todo cambió para siempre cuando una familia fue a buscar su BMW.
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Aparentemente, vieron una raya en el coche y lo acusaron a Arturo. Se generó una discusión y, de manera intempestiva, el hijo del dueño del coche le pegó una trompada a la víctima, que lo derribó en el acto y le arruinó la vida.

López sufrió lesiones neurológicas de gravedad y permaneció internado durante un año y medio. Desde entonces, requiere tratamientos y asistencia permanente.
Tras la agresión, el joven permaneció prófugo durante casi cinco meses. Se presentó ante la Justicia el 29 de abril de 2022 y fue sometido al proceso previsto por la ley 22.278, que regula el régimen penal de menores de edad.
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En noviembre de 2022, fue declarado responsable del delito de lesiones gravísimas. La resolución fue confirmada en las instancias posteriores, incluido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, hasta que la defensa presentó el recurso que llegó a la Corte.
En septiembre de 2023, el juez Alejandro Villanueva le había impuesto una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva.
Sin embargo, más tarde, la Sala N°1 de la Cámara de Apelaciones porteña decidió revocar parcialmente lo decidido por el magistrado.
Si bien los camaristas consideraron que el joven, hoy ya mayor, debía recibir una condena, estimaron que la dictada fue “excesiva” y que debe recibir una nueva, pero “en suspenso”. Es decir, menor a 3 años.
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La discusión sobre esa pena aún no concluyó.
Lo concreto es que, a partir de ello, la jueza Laura de Marinis dispuso la libertad del joven bajo dos condiciones: una tobillera electrónica y la prohibición de salir de la Ciudad de Buenos Aires. Así, pasó apenas un año y medio detenido.
Mientras, Arturo siguió buscando una mejor calidad de vida, ya que la violenta agresión le provocó dificultad en el habla, la comprensión y problemas motrices.
Hace unos meses, Miriam Luna, ex esposa y abogada que representó a la familia en la causa, contó que el hombre continuaba con terapias y tratamientos. También señaló que la víctima padecía afasia y epilepsia, y que necesitaba estar acompañado en forma permanente.
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“Está en su techo máximo, no hay ni habrá avances, pero continúa para no tener un retroceso”, dijo a Noticias Argentinas, y lamentó: “Jamás volvió, ni va a volver, a tener su vida anterior”.
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