El fiscal Pablo Recchini, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº30, apeló la decisión judicial que benefició con la excarcelación al conductor acusado de haber embestido con su camioneta a un ciclista en el barrio de Palermo durante la mañana del jueves y luego fugarse sin brindar asistencia.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal, la actitud asumida por el imputado en las horas posteriores al hecho evidencia riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, razones que, en su criterio, justificaban mantenerlo detenido.
El siniestro ocurrió alrededor de las 6 de este jueves, cuando Manuel Enrique Pescador Martínez, quien circulaba por avenida Las Heras en bicicleta, fue impactado por una Toyota SW4 que cruzó desde la calle Ugarteche.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el ciclista cruzó el semáforo en rojo y fue embestido por el vehículo que circulaba —según se sospecha— a gran velocidad. El conductor de la camioneta no se detuvo y abandonó la escena.

El cuerpo de Pescador Martínez quedó tendido sobre la calzada, a la altura del 2800 de Ugarteche. La autopsia, realizada por el Cuerpo Médico Forense, determinó que la causa de la muerte fue “politraumatismos, hemorragia interna y externa”.
La Comisaría Vecinal 14A encontró horas más tarde el vehículo abandonado en Julián Álvarez y Juncal, con daños visibles en su parte delantera. Recién pasadas las 13:40, el acusado fue localizado y detenido cuando salía de su domicilio junto a su abogado.
Hasta ese momento, habían transcurrido más de siete horas sin que se pusiera a disposición de la Justicia.
El imputado fue indagado este viernes, acusado de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor, por haberse dado a la fuga y por no haber auxiliado a la víctima.

Según el portal fiscales.gob.ar, la defensa solicitó su excarcelación y el fiscal Recchini se opuso, aunque la jueza Alejandra Mercedes Alliaud, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº1, resolvió concederla, imponiendo una caución de un millón de pesos.
La magistrada sostuvo que, debido a que el delito imputado tiene una pena máxima de ocho años de prisión, el hombre carece de antecedentes y podría recibir una condena condicional, no correspondía mantenerlo detenido. También valoró que se presentó espontáneamente ante las autoridades y que no existían indicios concretos de que pudiera entorpecer la investigación.
En su recurso, el fiscal Recchini planteó que la conducta del acusado tras el hecho revela un claro intento de eludir el accionar judicial. Afirmó: “Se dio a la fuga, dejando a la víctima tendida en la cinta asfáltica sin brindarle ningún tipo de asistencia, siendo finalmente detenido a las 13:40 hs., cuando fue hallado a partir de diligencias investigativas practicadas por personal policial, y en ocasión que salía de su domicilio con su abogado para ‘entregarse’”.
Además, Recchini indicó que esa demora impidió realizar pruebas clave, como los análisis toxicológicos y de alcoholemia, cuya efectividad disminuye con el paso del tiempo. También señaló que no fue posible determinar con precisión la ubicación final del vehículo, y la ausencia de huellas de frenado dificultó la estimación de la velocidad.
Sobre la explicación brindada por el imputado, quien alegó haber estado en estado de shock, el fiscal objetó que esa versión no se condice con las imágenes registradas. Según detalló, las cámaras muestran al conductor estacionando, alejándose con una capucha colocada y actuando de forma deliberadamente evasiva al percibir la presencia de dispositivos de videovigilancia, lo que —a su entender— se corresponde más con una acción intencional de ocultamiento que con una respuesta desorientada o emocional.
Finalmente, cuestionó la escasa entidad de la caución fijada, al considerar que “no resulta persuasiva para asegurar la presentación del encartado en el proceso, máxime cuando, desde un inicio, intentó eludir la actuación judicial y entorpecer la investigación”.
Solicitó, por ello, que se revoque la excarcelación o, en su defecto, se imponga una suma “considerablemente mayor” como condición para la libertad.
La apelación ya fue presentada y será la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional la que definirá si el acusado permanece en libertad mientras avanza la causa o si vuelve a ser detenido.
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