Qué se sabe de la mujer a la que le transfirieron $500 millones por error y por qué podría ir presa

El 6 de mayo, un error administrativo del gobierno de San Luis desencadenó un insólito episodio judicial y mediático. Verónica Acosta, vecina del municipio de Villa Mercedes, esperaba como cada mes el depósito de $8.000 correspondiente a la cuota alimentaria que debía recibir de su exmarido.

Sin embargo, en su cuenta bancaria aparecieron más de $500 millones provenientes de una cuenta oficial de la administración provincial. En pocas horas, el dinero fue retirado y distribuido a través de 66 transferencias, además de destinarse a la compra de varios bienes.

Entre los productos adquiridos, Acosta compró un auto, una heladera, dos televisores, un microondas, una freidora y una mochila para inodoro. Según ella misma explicó más tarde, parte de esos fondos fue compartido con familiares.

La transferencia errónea fue detectada por el tesorero del gobierno local, quien denunció el hecho ante la Justicia. Las autoridades provinciales lograron congelar la cuenta y, posteriormente, se realizaron allanamientos y secuestros de bienes.

La fiscal de la causa, Daniela Torres, calificó el accionar como una “maniobra delictual” con el objetivo de vaciar la cuenta y apropiarse indebidamente del dinero.

A partir de la investigación, fueron imputadas seis personas: Verónica Acosta y cinco de sus allegados (Nicolás Gil, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil y Milagros Gil) por los delitos de defraudación al Estado, retención indebida y otros cargos asociados, indicaron medios locales.

La jueza subrogante del Juzgado de Garantía N.º 3, Antonela Panero, ordenó que cada uno de los acusados deberá pagar una fianza de $30 millones en un plazo de tres días hábiles para evitar la prisión preventiva. De no cumplir con ese requisito, podrían ser detenidos, remarcó La República.

Según informó el mismo medio, más del 90% de los fondos mal transferidos fueron recuperados. Una parte fue devuelta de manera voluntaria, mientras que el resto fue bloqueado en cuentas digitales y billeteras virtuales, cuya trazabilidad continúa bajo análisis de la fiscalía. Toda la operación se realizó de forma electrónica, lo que permitió a las autoridades seguir el rastro del dinero de manera efectiva.

La defensa: “No son delincuentes”

El abogado defensor de los acusados, Hernán Echevarría, sostuvo que el monto de la fianza es “exorbitante e imposible de cumplir” para sus defendidos, a quienes describió como “personas humildes, sin antecedentes, con domicilio conocido y que nunca actuaron de mala fe”.

En declaraciones al mismo medio, agregó: “No se trata de una red de estafadores. Fue un error del Estado que ahora intentan cargar sobre estas seis personas como si fueran delincuentes”.

Acosta, quien esperaba una cuota por parte del padre de su hijo, descubrió el millonario depósito al revisar su cuenta. Según ella, no sabía de dónde provenía. Al intentar fijarse, solamente le aparecía “data”, y no que era del gobierno o algún ministerio.

La mujer también admitió que compró cerámicos -porque no tiene piso- y una mochila de inodoro. “Mandaron a la asistente social a ver mi casa, porque justamente no tengo eso”, dijo Acosta.

Además, dijo transfirió dinero a varios familiares: fueron 66 movimientos en total. Los envíos los realizó de a 500 mil pesos, por eso que es fueron tantos, según explicó.

Acosta insistió en que al principio pensó que se trataban de 500 mil pesos, pero luego fue consciente de la magnitud millonaria del error: $510.236.811. La Justicia aseguró que, igualmente, le habrían quedado unos 44 millones para gastar. También aseveraron que en 10 minutos se realizaron 12 transferencias y superaron las 60 en 24 horas.

“Me encuentro con este dinero, y con tanta necesidad, me fui a hacer compras y ayudé a mi familia con transferencias”, le dijo la mujer a FM Latina.

La defensa apeló tanto la imputación como el monto de la caución fijada por la jueza. Mientras tanto, el caso sigue su curso en la Justicia provincial, con el foco puesto en determinar si los acusados actuaron con conocimiento y voluntad de aprovecharse de una transferencia que sabían, no les correspondía.