Robarles a los que no tienen nada, sacarles hasta el último centavo a los desesperados. Quedarse con su última esperanza. Eso es lo que hacía una banda que operaba en La Matanza y se dedicaba a ofrecerles préstamos usurarios a personas de bajos recursos y se quedaba con sus tarjetas de débito a través de las cuales cobraban planes sociales, jubilaciones y pensiones. En las últimas horas, la Policía Federal Argentina (PFA) logró desbaratar a esta organización criminal integrada por un clan familiar y detuvo a 25 personas en flagrancia, incluido su líder, apodado “Carolo”.
En los allanamientos vinculados a la causa, se secuestraron cientos de tarjetas de débito, más de ocho millones de pesos, casi 40 mil dólares, 17 vehículos y títulos de reserva de propiedad. Se estima que llegaron a reunir entre 5.000 y 10.000 plásticos de sus víctimas, de ayudas sociales individuales, cooperativas, jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas.
Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación, los operativos tuvieron lugar en distintos cajeros del conurbano bonaerense y se llevaron a cabo en el marco de una investigación por amenazas y extorsión que tramita ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez.
El génesis de la investigación fue la declaración de un testigo de identidad reservada en abril. Brindó los detalles del modus operandi de la banda, que para asegurarse el cobro de las cuotas con intereses, les retenían a sus deudores las tarjetas de débito, a través de las cuales recibían el pago de sus planes sociales y cooperativos, y les hacían firmar pagarés en blanco.
José María “Carolo” Aruchuan, un comerciante de la zona de Puente Ezcurra, Virrey del Pino, era el cabecilla de la banda.
A raíz de la investigación, los agentes de la PFA lograron determinar que la organización volcó sus incrementos patrimoniales en el rubro inmobiliario, adquiriendo propiedades en Cañuelas y el Partido de la Costa. Tanto “Carolo” como su hermana elevaron sus posiciones fiscales y sus actividades económicas en el último tiempo y los investigadores no descartan que esté involucrado personal de alguna agencia de recaudación gubernamental.
Las tareas de inteligencia, que incluyeron seguimientos y la utilización de cámaras ocultas, registraron que Aruchuan “contaba con una red de cómplices, quienes eran los encargados de efectuar la recaudación de dinero en efectivo mediante extracciones en cajeros automáticos, utilizando las tarjetas retenidas en garantía de pago a los deudores”, según informó el Ministerio de Seguridad. Operaban en grupos de entre diez y quince personas, que se trasladaban en varios autos.
El juez Rodríguez ordenó una serie de procedimientos en los que los autores fueron detenidos en flagrancia.
En San Justo, La Matanza, cuatro hombres fueron detenidos y un menor demorado con 108 tarjetas de débito de cooperativas. Llegaron hasta la sucursal del Banco Nación ubicada en calle Arturo Illia a bordo de tres autos. Se les secuestraron $2,186,000 y cinco celulares.
En esa misma localidad, pero en otra sucursal, ubicada en calle Arieta, un hombre fue detenido con seis tarjetas en su poder y $398,000. Se le secuestraron un celular y el vehículo que conducía.
En la sucursal de González Catán, ubicada en calle Equiza, fueron detenidas nueve personas y se secuestraron 135 tarjetas cooperativas; $4 millones de pesos; 11 celulares y tres cuadernos con anotaciones.
Los operativos dieron lugar a varios allanamientos que se realizaron en Nueva Atlantis, Mar de Ajó (Partido de la Costa), Cañuelas, Virrey del Pino y González Catán (provincia de Buenos Aires). En la ciudad balnearia, se detuvo a una persona y se secuestraron $500,000, vehículos, celulares, computadoras y cuadernos con escritos relacionados a la causa que se investiga, comprobantes de pagos y un arma de fuego.
En el resto de los allanamientos realizados en domicilios particulares, quedaron detenidas 10 personas y se secuestraron más de 1,8 millones de pesos, 36,300 dólares, celulares, discos rígidos, papeles con anotaciones, vehículos, resúmenes de cuentas bancarias, un documento de reserva de una propiedad en un country de Cañuelas, tarjetas de planes sociales, un posnet, autos y motos.
“Excelente trabajo de la PFA que puso a estos sinvergüenzas frente a la Justicia para pagar por lo que hicieron”, celebró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta de la red social X.
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