Juan Pablo Gallego estuvo desde el comienzo hasta el final. Veinte años después, sigue en la historia hasta hoy. Junto a Sergio Piris, fue el abogado querellante de la principal víctima del cura Julio César Grassi, conocido como Gabriel, uno de los pupilos del sacerdote en la Fundación Felices Los Niños, a quien representó hasta llegar a la condena de 15 años de cárcel, confirmada por la Corte Suprema en 2017. Hoy, todavía representa a esta víctima en un millonario reclamo por daños y perjuicios realizada a Grassi, la Iglesia Católica y el Estado Argentino.
Aquí, Gallego -considerado un experto en expedientes que investigan abuso sexual a menores, querellante en muchas otras causas- escribe sus recuerdos del lado oscuro un caso paradigmático para la Justicia penal argentina, con el poder como signo constante:
“Tenía 35 años allí por 2002 cuando un informe televisivo conmocionaba a la Argentina. Julio Grassi, el sacerdote más famoso del país era acusado por abuso sexual de menores a su cargo y se ordenaba su detención. En pocas horas, Grassi se fugaba de otro canal de televisión, para eludir a la comitiva policial destinada a aprehenderlo.
Inmediatamente casi 30 abogados defensores, con el ex fiscal Moreno Ocampo como vocero y Jorge Sandro como estratega, desataban un despliegue nunca visto, irrepetible. Fue una ofensiva mediático judicial demoledora, descalificando a las víctimas y asegurando que enjuiciar a Grassi era, supuestamente, una demostración de la degradación de la Argentina.
En ese contexto hostil, combinado con amenazas y ataques con armas de fuego a víctimas y testigos, con reuniones clandestinas entre funcionarios judiciales de Morón y los defensores del sacerdote; y con una sociedad que no hablaba de otro tema y se debatía entre creer culpable o inocente al sacerdote, decidí tomar intervención e inmediatamente pasé a dirigir en total soledad la acusación contra el cura, con la absoluta certeza de que iba a sortear todos los obstáculos y probar su culpabilidad.
Menos aún, que ese trabajo iba a llevarme quince años de mi vida profesional y personal, hasta que en Marzo de 2017 la Corte Nacional confirmó la condena.
Recuerdo sí, a poco de transitar la causa, que lo que conmovía o dividía entonces a la sociedad no era en realidad un secreto o algo desconocido en los ámbitos de poder. “Dios quiera que este hombre vaya preso”, fue la frase que aún me impacta y que pronunció Monseñor Justo Omar Laguna, superior jerárquico de Grassi, cuando lo visité en su domicilio.
Sabían. Pero le tenían miedo”.
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Gallego continúa:
“Grababan con cámaras ocultas a los detractores y a los denunciantes de Grassi. Desaparecían expedientes que aparecían en las oficinas de sus abogados. Apretaban a las víctimas. Les formulaban denuncias falsas. Con Grassi en libertad, fue detenido uno de sus abogados defensores.
Grassi recusó a todo el sistema judicial. Pidió ser juzgado por un jurado integrado por sus propios amigos y allegados. ‘Se obtuvieron indicadores similares del perfil que poseen los delincuentes sexuales’, expresaba, contundente, la única Pericia Psiquiátrica realizada al pedófilo, que permaneció oculta durante largos meses. La descubrí y la incorporé como prueba.
En 2006, la Justicia de Morón intentó desarrollar el juicio prohibiendo mi participación y desistiendo de todas las pruebas contra el sacerdote. Obtuve la anulación de ese contubernio. Tardé seis años en poder sentarlo finalmente en el banquillo. El juicio Oral duró once meses consecutivos entre 2008 y 2009. No ha habido ni habrá un juicio igual en la Argentina. Grassi contó con más de treinta abogados. Los titulares de todos los estudios penales más relevantes de la Argentina.
Así, formulé mi alegato de acusación durante cuatro jornadas consecutivas, en abril de 2009. La línea de mi acusación fue seguida en todas sus partes, por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires y la de la Nación. Grassi fue condenado por actos reiterados de pederastia en junio de 2009, pero dejado en entera libertad.
El Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires dejó firme ese fallo condenatorio. Pero insólitamente quienes lo condenaron insistieron en mantenerlo en libertad y sin restricciones.
En 2013, aporté a la Justicia el video de una entrevista que Grassi concedió a Mauro Viale en la que atacó a una de las víctimas y pedí entonces su inmediata detención. Desde entonces, Grassi purga una condena que deberá cumplir hasta 2028.
Continúa siendo sacerdote”.
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