Organizada por Usina de Justicia, el Presidente de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos disertó sobre el rol de la víctima en el nuevo ordenamiento penal, con la implementación del sistema acusatorio y sobre los antecedentes jurisprudenciales del tema.
En su exposición el magistrado recordó el precedente "Santillán", un caso sobre un hecho ocurrido en 1991. En esa oportunidad, Angela López, una joven que venía en el tren de José León Suárez a Retiro fue asaltada en la estación Drago. Tres menores intentaron arrebatarle la cartera, ocasión en que la mujer cayó y sus piernas quedaron colgando. Pese a sus pedidos de auxilio y de otra pasajera que advirtió la situación, el guarda del tren, Francisco Santillán, no ordenó detener la formación. A raíz de esto, la joven sufrió la amputación de ambas piernas.
Angela López se constituyó en parte querellante en búsqueda de una condena al guarda del tren en atención a que los ladrones eran menores y no fueron responsabilizados penalmente. Cuando la causa llegó a juicio oral, el fiscal Enrique Lotero pidió la absolución y aunque la joven Angela López solicitó que se condenara al guarda del tren que le amputó las piernas, el tribunal absolvió a Santillán.
Cuando el caso llegó a la Cámara de Casación, el juez Gustavo Hornos fue la única voz que, en disidencia con los otros miembros de la Sala, votó en favor de que se tuviera en cuenta el pedido de condena hecho por la víctima aunque el fiscal decidiera no acusar. Esto provocó un importante cambio de criterio jurisprudencial que luego fue confirmado en otro fallo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El magistrado remarcó la necesidad de tomar decisiones sobre la marcha de un proceso y esas decisiones las tiene que tomar la acusación, como lo hicieron en Brasil en el caso Lava Jato. Este sistema de decisiones tiene que ser público y en el que puedan intervenir y opinar las organizaciones de la sociedad civil. "Esta me parece que es la línea hacia la que apuntamos, que es la línea de la Constitución porque la Constitución marca que los juicios penales serán decididos por jurados", sostuvo Hornos.
"La Justicia tiene mucho que decir y muchas respuestas que dar a un reclamo de la sociedad, como decía Mandela 'la sociedad lo que quiere para ellos y para sus hijos es seguridad y vivir en paz' y esto es un poco lo que la gente quiere, más allá de los problemas económicos, más allá de los problemas múltiples que todos tenemos", afirmó el juez de Casación.
Hornos agregó que los grandes reclamos de la sociedad no pueden ser desoídos por la Justicia. "La Justicia necesariamente tiene que ser empática, tiene que ponerse en el lugar de las personas que acuden a ella y tiene que tener la posibilidad de dar respuestas a los grandes temas que la sociedad plantea", señaló el magistrado.
También destacó que "acá la cuestión es la impunidad, la sensación de impunidad es un trauma social que hay que de todas maneras evitar, y en esto la Justicia tiene mucho por decir, hay que dar respuestas, y en el momento." Asimismo se refirió a la extensión de los procesos penales al afirmar que "no hay complejidad que justifique que una causa dure veinte años".
Hornos opinó que los jueces de ejecución antes de tomar una decisión que implique un acercamiento, una progresividad hacia la libertad, por ejemplo, salidas transitorias, se debe informar a la víctima del delito que tiene derecho de opinar sobre el tema y debe ser escuchada. "El debido proceso no termina con la sentencia, termina con la ejecución total de esa sentencia", aseguró el juez. Y respecto de la actuación de los fiscales con el nuevo ordenamiento penal afirmó "el Ministerio Público debe estar al lado de la víctima, allí donde una víctima necesite contención, necesite protección, necesite asesoramiento, ahí debe estar el fiscal", y agregó "no puede ser que la víctima sea abandonada."
Tras la exposición del juez Hornos los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas al magistrado. La Presidente de Usina de Justicia, Diana Cohen Agrest planteó algunos puntos que -en su opinión- se deberían revisar en la normativa penal. Entre ellos, la asimetría que genera la imposibilidad que tienen las víctimas de recurrir los veredictos absolutorios en los juicios por jurado y la soledad en las que le toca actuar a las víctimas al no tener el derecho -como sí tiene el imputado- de contar con un letrado provisto por el Estado.