Un brutal choque se produjo en la ruta nacional 33, que conecta Bahía Blanca con Rosario. A la altura del kilómetro 14, en las cercanías de la ciudad bonaerense, dos hombres perdieron la vida al impactar con su camioneta frente a un camión de YPF.
El accidente de tránsito ocurrió durante el mediodía del miércoles, poco antes de la 1, cuando una Volkswagen Amarok, que circulaba en sentido Bahía Blanca-Tornquist, chocó de frente con un camión Scania P360 que transportaba combustible.
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A raíz del choque, las víctimas -identificadas con los nombres Alberto Antonio Fernandes Da Fonseca y Jorge García, de 66 y 67 años- iban en la camioneta. Según informó el medio local La Brújula 24, el vehículo que conducía Da Fonseca había sido retirado ese día de una concesionaria.
Jorge García, que viajaba como acompañante, murió en el lugar por el impacto. Fernandes Da Fonseca fue trasladado en estado crítico al Hospital Municipal, donde luego confirmaron su muerte. Ambos hombres vivían en Salliqueló, una localidad del oeste bonaerense cercana a la provincia de La Pampa.
El conductor del camión de 46 años no sufrió lesiones de consideración. Según sus primeras declaraciones, la Amarok habría intentado sobrepasar a otro vehículo en una curva e invadió el carril contrario, antes de producirse el siniestro.
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La dinámica exacta del hecho será determinada por las pericias.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, con la carátula de doble homicidio culposo. Se ordenaron autopsias para las víctimas.
Luego de que se cerró el tránsito para llevar a cabo las tareas investigativas y la asistencia de los afectados, el tránsito fue habilitado.
Una ruta bajo la lupa
El incidente se produjo en una ruta nacional que genera preocupación por el aumento de los siniestros viales a lo largo de su traza. Un informe de la ONG Construir Hacer, con sede en Santa Fe, reveló que, en el segundo trimestre de 2026, los accidentes crecieron casi un 50% respecto al mismo periodo del año anterior en esa ruta.
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De acuerdo a los datos recabados por la entidad civil, entre abril y junio de este año se registraron 50 siniestros, frente a los 31 del segundo trimestre de 2025 y los 27 del primer trimestre de 2026, según explicó Enzo Navarro, expresidente y referente de la organización civil.
El monitoreo de la ONG divide el corredor entre Pérez y General Villegas para identificar las zonas más problemáticas. Navarro detalló que los subtramos Firmat-Venado Tuerto y Rufino-General Villegas concentraron la mayor cantidad de accidentes en el segundo trimestre. La situación en esta última zona fue descrita como de “ruta totalmente detonada”. Además, se mencionó el deterioro en sectores como Pérez-Casilda, Casilda-Firmat y Venado Tuerto-Rufino.
De acuerdo con Navarro, la multiplicación de siniestros responde a diversos factores. “Uno es el estado de la traza asfáltica, con deformaciones, banquinas descalzadas, poca señalización y escasa iluminación, especialmente en los cruces de rutas nacionales. Por otro lado, también existe imprudencia humana: se conduce tomando mate, usando el celular, bajo los efectos del alcohol o de sustancias, y además circulan vehículos que no están en condiciones”, señaló en diálogo con Cadena 3.
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En medio de los reclamos de los gobernadores por el estado de las rutas nacionales, el Gobierno apunta en avanzar con la privatización del sistema vial.
Este año, el Ministerio de Economía oficializó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco del proceso de privatización de la empresa Corredores Viales SA. La medida fue adoptada a través de la resolución 174/2026, una semana después de que el titular de la cartera económica, anunciara la fase “B” de la Etapa II.
A principios de julio, el Poder Ejecutivo aprobó a través de la Resolución 884/2026 la primera etapa de la licitación para privatizar y concesionar 4 tramos de rutas nacionales (Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte). El proceso definió qué empresas constructoras y consorcios pasaron la evaluación técnica para competir en la apertura de ofertas económicas.
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