La madre del adolescente que llevó una réplica de arma de fuego a una escuela del Gran Mendoza recuperó la libertad en la noche del martes, luego de estar horas detenida preventivamente por orden del fiscal Juan Manuel Sánchez.
La decisión judicial se conoció tras que la mujer, imputada por intimidación pública agravada por la participación de un menor, presentara un pedido formal para obtener el beneficio.
Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron que la progenitora y responsable legal del menor había sido trasladada a la Penitenciaría Provincial, tras analizarse la gravedad del episodio y el impacto social causado en la comunidad educativa.
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La liberación se produjo en el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Delitos de Medio Ambiente, Contra el Maltrato Animal y No Especializados, en relación a las pintadas amenazantes que aparecieron en distintas escuelas de la provincia.
El proceso judicial comenzó cuando el adolescente, de 17 años, ingresó al establecimiento educativo portando una réplica de arma de fuego.
De acuerdo con la investigación, el joven actuó siguiendo una sugerencia directa de su madre, quien le habría recomendado portar el objeto para “amedrentar a los compañeros en caso que alguno se vea loco”. Tanto la identidad del menor como el nombre del colegio permanecen bajo reserva por disposición de las autoridades.
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En primera instancia, la mujer fue acusada como instigadora en el expediente y el adolescente quedó imputado como autor del delito de intimidación pública, contemplado en el artículo 211 del Código Penal. La calificación legal se agravó debido a la participación de un menor, conforme al artículo 41 quater. La escala penal para este tipo de delitos va de 3 a 8 años de prisión.
Sin embargo, ahora el encuadre de la causa por la que habían detenido de forma preventiva a la mujer es intimidación pública agravada por la participación de un menor.
El contexto en el que se produjo el hecho estuvo atravesado por una creciente alarma social, a raíz de la aparición de amenazas y mensajes intimidatorios en varias instituciones educativas de Mendoza. El temor entre las familias y la comunidad educativa se intensificó, lo que derivó en una menor concurrencia de estudiantes a las aulas y en la intervención de fuerzas policiales y equipos especializados en los colegios afectados.
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En ese marco, el fiscal Sánchez había dispuesto la detención preventiva de la madre, considerando la gravedad de los hechos y la influencia directa que tuvo sobre su hijo. “Ya era de público y de notorio conocimiento, no sólo en las comunidades educativas, sino también en la sociedad en general, el temor y el alerta que se venía generando”, señalaron desde el Ministerio Público Fiscal.
El proceso judicial seguirá su curso mientras la mujer, ahora en libertad, permanece imputada. El expediente continúa bajo investigación y la sociedad mendocina se mantiene expectante ante los próximos pasos de la Justicia.
El fenómeno de las amenazas en escuelas no se limita a Mendoza. Las autoridades investigan si el surgimiento de mensajes intimidatorios está relacionado con retos virales que circulan en redes sociales, ya que episodios similares se detectaron en otras provincias. Esta situación generó preocupación en la sociedad y derivó en la intervención de organismos de protección de menores y la policía en los establecimientos afectados.
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