Los festejos del Último Primer Día (UPD) marcaron el inicio del ciclo lectivo en la provincia de San Juan con una serie de operativos policiales y la clausura de múltiples celebraciones. La situación más problemática se dio cuando una adolescente tuvo que ser hospitalizada por intoxicación alcohólica.
Además, las fuerzas de seguridad intervinieron en al menos cuatro fiestas en distintos departamentos de la provincia. Se trata de festejos que realizan los alumnos del último año que comienzan, justamente, el cierre de su etapa en la secundaria.
Los procedimientos se desplegaron en Caucete, Rivadavia, Pocito y San Martín, donde se recibieron denuncias por desorden y por la presencia de grandes cantidades de menores en encuentros sociales.
En Pocito, los efectivos constataron la presencia de aproximadamente 70 menores y algunos adultos en un domicilio particular. En ese lugar, varios asistentes consumían bebidas alcohólicas, lo que motivó la intervención policial, la clausura inmediata del evento y el secuestro de las bebidas.
Durante esta acción, una joven de 17 años debió ser trasladada al Hospital de Pocito tras presentar signos de ebriedad, según informó la agencia de noticias NA. Esta situación encendió la alarma entre las autoridades y reforzó el despliegue preventivo en otros puntos de la provincia.
En la localidad de Caucete, la policía detectó una reunión en el Loteo Enfermera Medina, donde se encontraban cerca de 50 menores y 30 adultos. Por disposición judicial, se ordenó la clausura de la fiesta, el secuestro de bebidas alcohólicas y la entrega de los adolescentes a sus responsables legales.
Los controles se extendieron a Rivadavia, en la intersección de calle Libertador y Santo Domingo, donde se celebraba el UPD con alrededor de 23 menores presentes. Personal policial intervino para dispersar la reunión y evitar que la situación escalara.
En San Martín, los operativos se desplegaron sobre las calles Alamito y Zapata, donde los uniformados identificaron dos fiestas en distintas fincas. En una de ellas, se contabilizaron aproximadamente 20 menores y en la otra cerca de 30, de acuerdo a las cifras suministradas por la policía. Ambos eventos culminaron con la clausura de los inmuebles.
Cómo se vivió el UPD en las escuelas de otros puntos del país
En la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación resolvió aplicar normas más estrictas. Desde el comienzo del ciclo lectivo, se dispuso que los estudiantes del último año que llegaran a la escuela bajo los efectos de alcohol o sustancias psicoactivas no podrían ingresar, y se les registraría una falta. También se impidió el acceso a quienes tuvieran conductas disruptivas o portaran objetos peligrosos.
El protocolo establecía que los equipos directivos debían mantener a estos alumnos en un entorno seguro, contactar a sus familias y documentar formalmente lo sucedido. Si se identificaban riesgos para la salud, la situación se derivaba al SAME o a otros servicios de emergencia.
En Córdoba, la respuesta priorizó la prevención y la articulación entre distintos organismos estatales. El Ente Municipal de Fiscalización y Control, junto a la Policía provincial y la Guardia Urbana, llevó adelante un operativo que abarcó el monitoreo en tiempo real de convocatorias juveniles, inspecciones en kioscos y la intervención en fiestas no autorizadas.
De acuerdo con datos del Gobierno de Córdoba, la intervención permitió desbaratar 57 eventos, clausurar 11 fiestas clandestinas y cerrar 15 negocios por venta ilegal de alcohol. Durante el operativo, se contuvo a 1.850 menores y se decomisaron bebidas y objetos vinculados a actividades ilegales por un valor superior a 15 millones de pesos.
En Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) optó por la prevención a través del protocolo “UPD 360. Antes, durante y después”, que abarcó tanto a instituciones públicas como privadas. El programa se centró en orientar a las escuelas y familias para anticipar riesgos, fomentar el diálogo y formalizar compromisos de responsabilidad parental.
Adicionalmente, numerosos establecimientos organizaron desayunos con la participación de familias y docentes, con el objetivo de ofrecer alternativas de encuentro luego de la noche de festejos. El Ministerio de Seguridad provincial interrumpió 18 fiestas, en su mayoría por venta de alcohol y la presencia de menores.
En Salta, algunos colegios privados, tras manifestar su postura contraria al UPD, resolvieron implementar controles de alcoholemia antes de permitir el ingreso de los estudiantes.