La aprobación en Diputados del proyecto que amplía el alcance del Registro de Datos Genéticos para investigar todo tipo de delitos en el país fue celebrado este miércoles como un gran paso en Mendoza: una de las pocas provincias que ya utiliza este sistema para detectar criminales y cuyas autoridades llevan tiempo pidiendo por una legislación nacional que facilite la captura de las bandas delictivas que operan en todo Argentina.
Tienen la base genética más grande de Latinoamérica, con más de 85.000 perfiles de ADN sobre un total de 2 millones de habitantes. Estos fueron cargados tanto a partir de la recolección de evidencias halladas en escenas de hechos delictivos (sospechosos NN) como de personas ya condenadas e imputadas por otros episodios.
Con este software es que en Mendoza logran identificar casi diariamente a los involucrados en ilícitos de distinta índole. Además, permite descubrir si un sospechoso aprehendido tuvo participación en otro hecho antes de su captura.
En diálogo con Infobae, Miguel Marino, director del laboratorio de la provincia, señaló que el sistema es altamente efectivo, sobre todo para cuatro delitos penales: robos agravados, homicidios, abuso sexual y el robo simple.
“A nosotros nos ha permitido identificar a un montón de personas que cometían delitos en nuestro territorio. Muchos de ellos seriales, como abusadores. Por ejemplo, tenemos a más de la mitad de los abusadores identificados con delitos menores. Es decir, que fueron detenidos por lesiones o hurtos simples y, al cargar sus datos, se descubrió que habían cometido abusos anteriormente”, afirmó.
Asimismo, Marino explicó a este medio cuál es el procedimiento que utilizan para cargar los datos y de qué manera se llegan a estas conclusiones. “Hay dos bases. La primera es con datos filiatorios que están en un servidor independiente. Ahí se encuentran los perfiles de aquellos que hayan recibido una imputación formal en la provincia, a quienes se les toma una muestra de saliva que se codifica y se guarda con su nombre y causa”, describió.
Y continuó: “Además, hay otra con perfiles genéticos realizados a partir de evidencias recolectadas en escenas de hechos delictivos. Estos pertenecen a NN -personas no identificadas- y están codificados con un código de barras. Nosotros no sabemos de quiénes son, solo que participaron de un ilícito. Ambos se comparan a diario en la provincia de Mendoza para buscar coincidencias entre aprehendidos y NN”.
En los registros de Mendoza también está toda la Policía local, el personal penitenciario y más de la mitad de los que trabajan en empresas privadas de seguridad. Además, se suman quienes toman el análisis de la muestra en las escenas de delitos, como los fiscales de provincia, dado que son considerados posibles contaminantes.
Las autoridades mendocinas suelen cruzar sus datos genéticos con las otras dos provincias que cuentan con el mismo sistema: Salta y La Pampa, que también tienen la información de gran parte de su población subida a un software a fin de facilitar el reconocimiento de delincuentes tras un ilícito. Cuando esto ocurre, usualmente se detectan bandas delictivas que se mueven a lo largo y ancho del país.
“Hace poco encontramos 19 coincidencias de tipos que estaban delinquiendo en La Pampa y en Mendoza. Dentro de esos 19 había dos bandas, una de seis personas y la otra de tres, que actuaban en las dos provincias como si nada. Si yo me pusiera a comparar con todo el país, van a saltar muchísimas más coincidencias”, señaló Marino sobre la posible nueva legislación.
Y añadió: “Eso es lo que viene a traer este registro nacional: un paraguas para que las provincias suban datos de evidencias no identificadas y ver si la persona que dejó esa muestra pertenece a algún imputado o condenado en otra provincia”.
En este sentido, remarcó que, aunque en Mendoza exista una buena base de datos que funcione, no sirve de nada que “sean una isla”, dado que las investigaciones terminan a nivel local y cuando los delincuentes se mudan, se pierde su rastro.
Asimismo, destacó que, desde la implementación de este sistema hace ya siete años, la población carcelaria creció y se logró que se acoten los plazos para llegar a juicios abreviados. “De esta forma se comprueba más rápido si una persona estuvo involucrada o no en un hecho delictivo y es difícil las defensas lo discutan. Por ejemplo, si se encuentra semen de una persona dentro de la cavidad vaginal, es imposible que ese sospechoso niegue haber tenido por lo menos relaciones sexuales con la víctima. Después, si fue en un contexto de abuso sexual, será acusado”, señaló.
Para Marino, si cada provincia comienza ahora -antes de que el proyecto sea votado en el Senado- a reestructurar y actualizar sus laboratorios genéticos, de acá a dos años se podría llegar a tener una base de datos importante que den resultados en la resolución de casos entre provincias, como así también en la desarticulación de bandas delictivas que operan en el país.
“Esto primero debería disparar que las provincias legislen, reestructuren sus laboratorios. Y una vez que las provincias tengan base de datos locales, empezar a alimentar a la base de datos nacional y así empezar a tener resultados de investigaciones entre las provincias. Las autoridades nacionales tendrán que estimular a las provinciales a hacerlo”, concluyó al respecto.