Salud Mental: los especialistas denunciaron en el Congreso carencias y trabas para la atención, y sufrimiento de los pacientes y sus familias

Los legisladores que analizan los cambios que propone la Ley ómnibus en esta materia recibieron a Pedro Gargoloff, en representación de la Asociación de Ayuda a Familiares de personas con Esquizofrenia de La Plata, y a Silvia Papuchado, de la Asociación Argentina de Psiquiatras, entre otros

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La intervención de Silvia Papuchado, doctora en Psicología clínica, integrante de la Asociación Argentina de Psiquiatras y de La Madre Marcha

Cinco minutos le bastaron a Silvia Papuchado, doctora en Psicoanálisis, para describir las falencias de la actual Ley de Salud Mental (n°26.657), de la que se propone reformar algunos artículos.

“La ley habla de manicomios, ojalá se cerrara de existir alguno”, dijo la profesional, que integra el capítulo de Políticas Públicas de la Asociación Argentina de Psiquiatría (AAP). Estaba haciendo referencia al planteo de la Ley actualmente vigente que ordena el cierre de los “monovalentes” (hospitales y clínicas psiquiátricas), a los que califica de manicomios (meros lugares de encierro), cuando hace tiempo no lo son.

“Nosotros pedimos que se abran los hospitales monovalentes -dijo Papuchado-. ¿Qué es el hospital Udaondo? Es un hospital monovalente de gastroenterología. Nadie pide que se lo cierre. ¿Por qué en cambio se pide el cierre de los hospitales monovalentes de psiquiatría? Eso es un estigma. Es un estigma llamar usuario a un enfermo mental”.

Silvia Papuchado integra también la asociación La Madre Marcha, que fundaron Marina Charpentier, la madre de Chano, y Stella Maurig, especialista en drogadependencia. Ambas mujeres también hablaron frente al plenario de comisiones del Congreso que analiza el proyecto de Ley titulado de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, cuyos artículos 618 a 625 conciernen a la Salud Mental.

“Acompañamos a las familias desesperadas, venimos a hablar de dolor, se está muriendo la gente por falta de atención, estamos llenos de personas en situación de calle”, dijo Papuchado, aludiendo a que muchos enfermos psiquiátricos, faltos de medios, o de una familia que los contenga, terminan en la mayor de las desprotecciones.

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También cuestionó que la ley diga que sólo cabe la internación involuntaria cuando exista “un riesgo cierto e inminente”, expresión por demás contradictoria. “Existe también un riesgo potencial -señaló la psicoanalista- ¿Por qué piensan que queremos internar a la gente como si fuera una cárcel? El hospital no es una cárcel”.

En cambio, denunció, muchos terminan “en el programa PRISMA, el sector psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza, son aquellos que no pudieron ser tratados en tiempo y forma: lo vemos todos los días en hechos de violencia por aquellos que representan un peligro para sí y para terceros”.

“La internación -sostuvo- es el último recurso que usamos los profesionales en salud mental cuando alguien ya no adhiere a ningún tratamiento previo y tampoco pretendemos tener a la gente encerrada de por vida”. Pero sí apuntó a un aspecto de la ley que ha sido muy criticado por los profesionales de la salud mental. Y es que el Órgano de Revisión -que entre otras cosas supervisa estas internaciones- está formado esencialmente por abogados de organizaciones de derechos humanos que ven en las internaciones una mera privación de la libertad y hasta una forma de tortura en los tratamientos.

“Lo que pedimos -dijo la doctora Papuchado en referencia a este problema- es que una vez que se le avise al juez de la internación exista un órgano de revisión que no es el actual, sino conformado por especialistas en salud mental, psiquiatras, médicos y abogados especializados en esta problemática”.

Otro expositor, que también está muy vinculado a los familiares, fue el doctor Pedro Gargoloff que habló en su calidad de médico psiquiatra, con 50 años de ejercicio de la profesión, de los cuales 30 fueron en el Hospital Korn de Melchor Romero. Pero también lo hizo como colaborador de la Asociación de Ayuda de Familiares de personas con Esquizofrenia (AAFE) de la ciudad de La Plata, organización de cuya creación, en el año 2001, fue partícipe.

La AAFE es una ong sin fines de lucro nacida para la “ayuda mutua entre pares” y el “apoyo a los familiares de personas con esquizofrenia”. La asociación, además de la contención y el intercambio, se dedica también a la capacitación de las familias que tienen que enfrentar este tipo de enfermedades, a brindarles información “con el mayor nivel de evidencia científica sobre la esquizofrenia y sus tratamientos, pautas de abordaje de manifestaciones propias de la enfermedad y de convivencia, el autocuidado y el empoderamiento”.

Marina Charpentier durante su intervención en el Congreso (Foto: Télam)
Marina Charpentier durante su intervención en el Congreso (Foto: Télam)

Existen asociaciones análogas a la de La Plata en varias ciudades del interior, como Córdoba, Jujuy, Mendoza, Catamarca, Santa Fe, Mar del Plata, Capital Federal, Bariloche y Tandil, entre otros.

La AAFE ya se había expresado en otras ocasiones respecto de la necesidad de introducir cambios en la Ley (ver: Familiares de personas con esquizofrenia piden que se revise la Ley de Salud Mental). También expresaron su respaldo a los reclamos de la madre de Chano Charpentier.

Ante los legisladores que integran el plenario de comisiones, Pedro Gargoloff celebró la oportunidad que abre el proyecto “para que todas las partes interesadas puedan debatir en profundidad sobre cuáles deben ser las normas que aseguren el acceso a la salud mental integral” y que se pueda lograr un “equilibrado consenso” que permita brindar la “prevención, asistencia y rehabilitación de la salud mental” a los pacientes y “para que los familiares con responsabilidad de cuidados puedan llevar a cabo las acciones requeridas”, todo lo cual redundará “en beneficio de la comunidad”.

El doctor Gargoloff también criticó la falta de “adecuación del presupuesto aplicable a salud mental por parte de las autoridades nacionales, desde la promulgación de la ley”. La norma promulgada en 2010 y reglamentada en 2013 disponía que debía destinarse a Salud Mental el 10% del total del presupuesto de Salud, algo que está muy lejos de cumplirse.

“Solo con recursos financieros es posible crear todos los dispositivos de cuidados de la salud mental comunitaria como la misma ley ordena -señaló Gargoloff-. Debemos tener presente que los trastornos mentales ocasionan un muy elevado costo cuando no son tratados”. Destacó un costo “poco visible para la comunidad” que es la “pérdida de la capacidad laboral”.

Gargoloff también se refirió a “la internación de personas con trastornos mentales severos, que en estos años se ha visto entorpecida a punto de resultar imposible de concretarla en aquellas circunstancias que así lo requerían, conduciendo a un sufrimiento prolongado e inaceptable de los pacientes, empeorando su evolución, pronóstico y hasta el desenlace de lamentables lesiones físicas severas y la muerte, tal como conocemos por publicaciones en los medios”.

El médico psiquiatra Pedro Gargoloff
El médico psiquiatra Pedro Gargoloff

La AAFE, que está conectada con las otras asociaciones del país, recibe con frecuencia “pedidos de ayuda de familiares de todo el país que claman por orientación para resolver situaciones críticas que requieren intervención urgente que en ocasiones culmina con una internación, pero que suelen no tener respuesta de los dispositivos de salud mental existentes ni de los distintos actores involucrados”, explica.

Y agrega que “esta circunstancia es muy frecuente en los casos de crisis psicóticas, con pérdida de contacto con la realidad, delirios y alucinaciones, propia de lo que ocurre en personas con esquizofrenia, que se originan por una inadecuada adherencia al tratamiento farmacológico consecuente con la falta de conciencia de enfermedad”.

En referencia a la disposición de la Ley actualmente vigente de cerrar los establecimientos especializados (monovalentes) y ordenar la internación de los pacientes psiquiátricos en hospitales generales, Gargoloff dijo: “Resulta evidente que la internación por problemas de salud mental en un hospital general es difícilmente aplicable a aquellas personas con episodios graves, como los intentos de suicidio con alto riesgo de reiteración en el corto plazo, los delirios y alucinaciones severas en personas con esquizofrenia u otros trastornos mentales con crítico impacto en su conducta, los episodios de grave agitación psicomotriz con hetero y/o autoagresividad, entre otros”.

Lo que denuncian tanto los profesionales y los familiares es un alto nivel de desatención, como resultado de ciertas disposiciones de la ley y del incumplimiento de otras.

A modo de ejemplo, Gargoloff señala que “en la ciudad de La Plata solo existe un servicio con internación con 10 camas, a 13 años de sanción de la ley”.

El especialista cerró su intervención con un llamado a la reflexión y a la toma de conciencia de la urgencia de dar adecuada respuesta a esta situación: “Considerando que hasta 2 de cada 3 de personas con esquizofrenia no recibe ninguna atención especializada, los invito a que reflexionen en el pavoroso sufrimiento de más de 200.000 argentinos que padecen esquizofrenia y están sin ningún tratamiento, tanto como la agobiante e inconmensurable angustia de sus familiares y allegados por no poder brindarles los cuidados para su salud”.