Frente al aumento exponencial de los casos de COVID-19, el Gobierno decidió suspender las clases presenciales desde el lunes 19 hasta el viernes 30 de abril. Durante esas dos semanas, explicó anoche el presidente Alberto Fernández, se retornará a la modalidad virtual en los tres niveles educativos.
Tras el anuncio del primer mandatario, la campaña #A Las Aulas, que surgió a fines de 2020 y que cuenta con el apoyo de más de 130 organizaciones y 200.000 ciudadanos, solicitó que se revise la decisión de cerrar las escuelas en el AMBA. Las premisas fundamentales del colectivo son que se priorice la educación, que la presencialidad sea la regla y que exista un plan para cada lugar, para cada situación y para cada momento.
Ante la coyuntura actual, explican desde la campaña, estos principios exigen que las escuelas sean lo último en cerrar y lo primero en abrir, que no se cierren escuelas sin que haya evidencia concluyente que avale la decisión, y que si finalmente se realizan restricciones, sean en la menor escala posible (idealmente por escuela), de manera progresiva y por tiempo determinado.
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Según datos oficiales relevados por el Ministerio de Educación Nacional en la plataforma oficial Cuidar Escuelas y difundidos la semana pasada, solo el 1,03% de directivos, docentes y auxiliares se contagiaron de COVID-19 desde que se retomó la asistencia presencial en sus escuelas. Entre los estudiantes con clases presenciales, el porcentaje de casos positivos es 0,16%.
“Hay que tomar conciencia de la gravedad de la situación, de los costos que la falta de presencialidad tiene para los estudiantes. La evidencia es contundente sobre este punto. Aunque comprendemos que la situación es delicada, nos parece fundamental agotar todas las posibilidades antes de disponer el cierre de una escuela. En su momento apoyamos la decisión de los ministros de hacer posible el regreso a las aulas en marzo. Ahora atravesamos un momento bisagra: es fundamental que sigamos priorizando la educación. Estamos realmente frente a una emergencia educativa y, como siempre, los que más pierden son los estudiantes de contextos vulnerables”, indicó Ignacio Ibarzábal, director de Argentinos por la Educación, una de las organizaciones que impulsa la campaña.
Anabella Serignese, directora de programas de Asociación Conciencia, complementó: “En este momento de toma de decisiones es fundamental no perder de vista todo lo construido y apelar a la evidencia para seguir priorizando a la educación como un derecho irrefutable para los chicos y chicas, todavía estamos a tiempo de hacerlo”.
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Estudios de UNESCO, UNICEF, Banco Mundial y BID, entre otros organismos internacionales, demuestran que la suspensión de clases presenciales tiene como consecuencia el incremento de las desigualdades, la pérdida de aprendizajes, el deterioro de la salud física y emocional de los estudiantes y menores posibilidades futuras de empleo.
“En situaciones de emergencia, las escuelas son un lugar fundamental para el apoyo emocional, el monitoreo de riesgos, la continuidad de los aprendizajes y el apoyo social y material para las y los estudiantes y sus familias”, informa a su vez UNESCO en el documento La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19.
En base a estas investigaciones, sostiene la importancia de mantener las escuelas abiertas, siempre que no se demuestre –de acuerdo a criterios objetivos y con información fehaciente– una necesidad de cerrar.
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Entre las organizaciones participantes, prima una gran preocupación por el dramático aumento del abandono a causa del cierre de las escuelas. Aunque no hay información certera, estimaciones realizadas por Agustín Claus, investigador de FLACSO, indican que más de 1,5 millones de estudiantes están en riesgo de desvinculación del sistema educativo. Esto implica que el abandono podría triplicarse a raíz de la pandemia.
A su vez, desde #ALasAulas se sostiene la importancia de que se respeten los acuerdos políticos e institucionales que se forjaron, con el liderazgo del Ministerio de Educación nacional, en el Consejo Federal de Educación, que reúne a todos los ministros. En febrero, el Consejo Federal de Educación (Resoluciones 386 y 387) indicaba que “en todas las jurisdicciones del país se priorizará el sostenimiento de clases presenciales en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria”. Y que eventuales decisiones de cierre deben tomarse en base a evaluaciones de riesgo sanitario medibles, considerándose en la menor escala posible.
Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Di Tella y académico asociado de Argentinos por la Educación, sostuvo: “Es inaceptable que la presencialidad escolar se fomente a la mañana y se suspenda a la noche malogrando los acuerdos públicos por priorizarla entre el Presidente, el Ministerio de Educación nacional y los provinciales. Este acuerdo no puede ser vulnerado en forma unilateral y, si hubiera que volver a la educación remota, tiene que ser en forma previsible y con el mismo consenso con el que se llegó al acuerdo”.
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En sintonía, Magdalena Fernández Lemos, directora ejecutiva de Enseña por Argentina, otra de las organizaciones que lidera la campaña, sostiene que la educación debe ser una prioridad. “Eso hoy significa que las decisiones se construyan desde la evidencia y desde el diálogo. Cuidarnos es cumplir con todas las medidas y precauciones, pero también es prepararnos para poder hacerlo. Por eso, es fundamental que logremos planes claros, progresivos y consensuados”, concluye.
La campaña #ALasAulas, que ya reúne el apoyo de más de 200.000 personas, convoca a toda la ciudadanía a apoyar esta solicitud sumando su firma en www.alasaulas.org
EL COMUNICADO COMPLETO DE #ALasAulas
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