Hace 22 años el cura Alberto Daniel Sardá (57) abusó sexualmente de una adolescente de 16 en la localidad mendocina de Palmira. En aquel entonces, la chica no hizo la denuncia por varios motivos. En primer lugar por miedo, pues la figura del sacerdote en el pueblo era muy importante y acusarlo de algo tan grave era impensado. Pero además, su propia familia no le creyó una sola palabra. De hecho, luego de que la joven les contó que había sido violada por el religioso, le dijeron que fuera a confesarse con él porque “estaba endiablada”.
El tema quedó ahí, pero el daño psíquico y emocional en la adolescente ya estaba hecho. Tuvo que convivir el resto de su vida con el peso de haber sido abusada sexualmente y sin la posibilidad de hacer la denuncia. En la actualidad, la víctima (hoy de 38 años) se desempeña como docente en una zona del Gran Mendoza, lleva adelante desde hace años un tratamiento psicológico, y como pudo, logró salir adelante. Sin embargo, en las últimas semanas vivió una situación que nuevamente le hizo revivir el horror que padeció cuando aún era menor: en las inmediaciones del colegio donde trabaja, tras años de no verlo, se cruzó accidentalmente con el cura Sardá.
No fue un encuentro. Fueron varios. El sacerdote, que se desempeña hoy como vicario parroquial en la Capilla Nuestra Señora de Fátima y Nuestra Señora de Lourdes, ambas en El Algarrobal, departamento de Las Heras, comenzó a seguirla. Todos los días lo veía en varios lugares. Dejó ya de ser una desagradable casualidad para convertirse en un caso sistemático de acoso. El hombre que la violó hace 22 años en su Palmira natal otra vez la estaba sometiendo psicológicamente. La situación se tornó insostenible, pero esta vez fue diferente.
Cansada de verlo casi todos los días, la mujer esta vez sí hizo la denuncia. Con el asesoramiento de los abogados Carlos Lombardi –representante legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de la Argentina– y Carolina Jacky, la mujer decidió iniciar una acción civil contra el cura y el Arzobispado. Por ahora, no hizo una denuncia penal.
“Iba a un lado y lo encontraba. Iba al otro y otra vez lo encontraba. El tema es que el cura no trabaja en la zona de la escuela. Por eso se animó a denunciarlo civilmente a él y al Arzobispado por los daños que le produjo el abuso sexual con acceso carnal y ahora el acoso. Todo en el marco de la Ley 26.485 de violencia contra las mujeres. “Nosotros sugerimos la denuncia penal, pero ha quedado en espera, respetando la voluntad de la víctima”, dijo en diálogo con Infobae la abogada Jacky.
El caso recayó en el Tercer Juzgado de Gestión Asociada, a cargo de la jueza María Eugenia Ibaceta, quien dictó ya la medida de prohibición de acercamiento. “Pedimos una medida de protección, de acercamiento, pero lo más importante es que se le prohibió al Arzobispado trasladarlo al cura mientras se lleva adelante la investigación. Generalmente en estos casos, lo trasladan y se les pierde el rastro. Bueno, eso no lo van a poder hacer”, agregó la letrada a este medio.
Según explicó la abogada, la mujer reclama una indemnización integral que incluye la reparación de "todos los daños ocasionados durante todos estos años por el sacerdote y, también, por el Arzobispado, por ser la institución a la que pertenece el sacerdote, y que debió controlarlo”. De acuerdo con la representante, la mujer pertenece a una familia “muy católica” y, cuando fue violada, “su mamá la mandó a confesar con el mismo cura porque estaba endiablada”.
En ese sentido dijo: “Es un pueblo chico y la figura del cura es casi angelical. Como un santo. Por eso nunca le creyeron y nuestra representada tuvo que sobrellevar eso. Pero ahora por lo menos hizo la denuncia civil”, agregó.
Otro dato revelado por Jacky y que podría destapar una serie de más casos es que Sardá también se desempeña como capellán auxiliar para la atención pastoral de la población de la Unidad Penal III de Mujeres, en El Borbollón. “Esto es increíble. Parece un chiste. Por eso con la denuncia esperamos que pase algo similar a lo del Instituto Próvolo (donde varios menores de edad fueron abusados por curas), que muchas mujeres que de pronto sufrieron algo similar se animen a hacer la denuncia”, finalizó.
La respuesta del Arzobispado de Mendoza
"El 26 de mayo pasado, se nos ha notificado una medida judicial del Tribunal de Gestión asociado N°3, que prohíbe el eventual traslado de un sacerdote por una causa por violencia de género iniciada contra él y este Arzobispado y cuyos términos nos resultan desconocidos porque nunca fuimos notificados de demanda alguna.
Sorprende la liviandad ética y jurídica con la que los abogados patrocinantes de la causa hacen apariciones mediáticas, avaladas por la notoria y desprolija actividad del tribunal en cuestión, con severas y graves fallas de constitucionalidad en su obrar, toda vez que hay una causa judicial cuyos demandados no conocen en absoluto los términos de lo reclamado.
Confiamos en que la Justicia dé los pasos necesarios para reparar la gravedad de lo actuado hasta ahora y salvaguarde los derechos de todas las personas e instituciones afectadas. Que actúe conforme a derecho, según la naturaleza reglada de su actividad. En el camino de la verdad de los hechos, la autoridad judicial no puede obrar con arbitrariedad, prescindiendo de las elementales garantías constitucionales.
Apelamos a la responsabilidad de los Medios de Comunicación para no difundir información sin el respaldo de la verdad de los hechos, dando por verificados procesos judiciales aún no notificados a los eventuales reclamados".
Seguí leyendo