En medio de la pandemia por el coronavirus, el sistema penitenciario bonaerense, con casi 43 mil detenidos, la mayor sobrepoblación de su historia y con unidades que superan el doble de su capacidad, se convierte en un foco de preocupación particular. En el penal de Dolores en donde estuvieron detenidos los 8 rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa hay más de 850 internos donde debería haber poco más de 300, según la Comisión Provincial por la Memoria. Los penales del SPB tiene su población de riesgo. 644 detenidos de más de 65 años y casi 2500 enfermos con diversas patologías, 233 pacientes con tuberculosis, una enfermedad altamente infecciosa que se hace sentir hace años en penales provinciales junto con la aparición del hantavirus en las heces de roedores en cárceles como Magdalena, 476 detenidos y detenidas con HIV, 950 con neumonía, EPOC, diagnósticos de cáncer. También hay 58 madres con chicos, 20 embarazadas a pesar de las recomendaciones de la Corte bonaerense de enviar a las mujeres que esperan dar a luz a sus casas con arresto domiciliario, algo que deben ordenar los juzgados a cargo de sus causas.
Así, mientras el Ministerio de Justicia a cargo de Julio Alak toma una batería de medidas como control de ingresos y compra de jabón y barbijos para detenidos, los presos hacen su parte. Ayer al mediodía, más de 6300 internos habían ratificado su voluntad de permanecer en cuarentena. El SPB contaba 27 mil detenidos, más de la mitad de la población, que pidió que sus familias no los visiten, en puntos como Sierra Chica, Gorina, Los Hornos.
Hoy, ese número crece. Fuentes del SPB confirman que un total de más de 36 mil internos, el 84% de la población, pidió expresamente a sus familias que se queden en sus casas.
La decisión fue tomada tras mantener una mesa de diálogo con autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense y la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria y tendrá una vigencia de al menos dos semanas. El penal de Sierra Chica fue el de mayor adherencia, con 2035 detenidos.
Durante los últimos días, los médicos de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria recorrieron pabellón por pabellón para dar charlas informativas sobre cómo prevenir al virus originario de China, en tanto se informó que se flexibilizó el mecanismo de depósito de mercaderías. Los presos de Batán, por ejemplo, hablaron con las autoridades para que sus visitas les lleven alcohol en gel, algo históricamente porhibido.
Según se explicó, las autoridades de las Unidades les hacen firmar una declaración jurada a todos los visitantes como abogados y autoridades judiciales donde se les pregunta si tienen los síntomas que provoca el COVID-19 o han estado con personas que viajaron a los países de riesgo: China, Japón, Corea del Sur, Irán, Estados Unidos, Chile, Brasil o naciones del continente europeo.
Esta semana, más de 1500 presos que se escaparon en los últimos días de las cárceles de Monguagua, Taubate y Mirandopolis, con rebeliones en cinco penales en total según medios brasileños, principalmente en unidades con un régimen semiabierto. Según los fugados, le temían al coronavirus, una excusa para encender el motín.
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