La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, presentó hoy en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que promueve el Gobierno para urbanizar villas en todo el país y destacó que la iniciativa apunta a "saldar una deuda histórica" con las familias que viven en asentamientos precarios.
El proyecto propuesto lleva la firma de los jefes de bloque Mario Negri (UCR), Nicolás Massot (PRO) y Elisa Carrió (Coalición Cívica), establece un "régimen de integración socio urbana y regularización dominial" y declara la "utilidad pública" sujeto a expropiación de las tierras donde se localizan 4.228 asentamientos urbanos precarios con el objetivo de urbanizar y entregarles a sus habitantes certificados de vivienda familiar.
La cantidad de asentamientos a urbanizar surge de un relevamiento realizado desde mediados del 2016 por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que funciona en la órbita de la cartera que dirige Stanley. De dicho relevamiento surge que las 4.228 villas repartidas en todo el país, en la que viven 3.5 millones de personas, cubren una superficie de 415,5 kilómetros cuadrados, más del doble del área de la Ciudad de Buenos Aires.
"Vamos a coincidir todos si hablamos de una deuda histórica con cada una de las personas y familias que hoy viven en barrios populares, en villas y asentamientos, no sólo por la falta de servicios sino también por la falta de posibilidad de acceder a lo que tiene que ver con la escritura, titularidad o certificación de los terrenos o las casas donde viven", dijo la Ministra.
Al dar cuenta de las condiciones en las que viven, precisó que casi el 99% no cuenta con acceso a la red cloacal, casi el 94% carece de red de agua corriente, mientras que el 70,5% no tiene energía eléctrica.
En cuanto al financiamiento, el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a crear un fideicomiso especial para afrontar los gastos de "la la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la presente ley".