Los gremios docentes bonaerenses rechazaron nuevamente la oferta de la administración de María Eugenia Vidal, y argumentaron que durante la reunión que se realizó hoy "no hubo modificación en la propuesta del 6 de febrero".
Este jueves por la tarde, los ministros Hernán Lacunza (Economía), Alejandro Finnochiaro (Educación) y Marcelo Villegas (Trabajo) explicaron en detalle ante los sindicatos la misma oferta que habían realizado el 6 de febrero y que contempla un piso de 18% a abonarse en cuatro cuotas de 4,5% y cláusula gatillo de revisión trimestral para indexar con la inflación de 2017.
Luego del encuentro, Mirta Petrocini, referente de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), dijo que desde el gobierno de Vidal "sólo nos dieron explicaciones macro para justificar este 18% en cuatro etapas, sin reconocer la pérdida del poder adquisitivo que venimos sufriendo desde el mes de agosto".
"En términos reales, la propuesta ofrecida es de alrededor de 150 pesos por mes para un docente que recién se inicia", explicó Petrocini, que además justificó el rechazo de la 'cláusula gatillo' ya que el Ejecutivo bonaerense "toma una inflación de tres jurisdicciones (Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y San Luis) que tergiversan la realidad en la que vivimos los docentes" de la Provincia.
Petrocini habló en nombre de los seis sindicatos que se agruparon para discutir con el gobierno de Vidal, que insiste en que la oferta salarial del 18% es un "piso", aunque el principal escollo para que prospere ese acuerdo es que los maestros quieren una compensación por la inflación de 2016.
En la administración bonaerense no están de acuerdo con este análisis. Esta semana, el ministro Lacunza le mostró a sus colaboradores planillas rigurosamente elaboradas que muestran que en el global del 2016 los maestros ganaron un 2% con respecto a la inflación. Para ello calculó un indicador en base a las canastas de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y San Luis que -ponderada- arrojó una pauta cercana al 36% para todo el 2016.
La incorporación de esos tres índices alternativos a los del Indec tiene un argumento: el organismo oficial de estadística volvió a medir la variación de los precios desde mayo y por tanto las autoridades no tiene aún un dato interanual confiable. La incorporación de la inflación de San Luis y de Córdoba se aproximan a las canastas de consumo que se registran en el interior de la provincia, justifican en La Plata.
Sin embargo, los gremialistas parten de una inflación en 2016 de 45%, la cual no se verificó en ninguna de las mediciones alternativas: Congreso, CET-CGT, Gobierno de la Ciudad. De ahí que consensuar el punto de partida de la negociación para luego agregar los dos restantes componentes se perfila como en punto de discusión para esta tarde.
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Según datos oficiales, el promedio de los salarios que se liquidan todos los meses a los casi 280 mil docentes de gestión pública es de 19.200 pesos. El salario inicial para una jornada simple de 4 horas de un maestro que recién inicia la carrera es de 9.800 pesos. Y hay inspectores que llegan a percibir hasta $50 mil de bolsillo.
Los números son importantes, pero en este tipo de negociaciones la política tiene un rol superlativo. De hecho, en la Gobernación creen que el escenario de conflicto puede ser funcional para Roberto Baradel. El secretario general de Suteba, el gremio con mayor representación, individual, con unos 68.000 afiliados, sobre un total de 280.000, tiene otros frentes abiertos además de las paritarias docentes. Su apellido suena como una posible ofrenda de unidad en el proceso de reconciliación de la CTA, donde Hugo Yasky y Pablo Miceli ya se comprometieron a dejar los lugares de poder.
Además, en un año donde los argentinos irán a las urnas para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, en La Plata temen que las paritarias docentes sean utilizadas por algunos sectores como punta de lanza para "desestabilizar" al Gobierno. "Nosotros no les tenemos miedo, vamos a dejar el cuero en esta negociación. No somos como Scioli. Y no nos va a temblar la mano para utilizar todas las herramientas legales que tenemos a nuestro alcance", repiten.
Entre esos instrumentos jurídicos que los funcionarios ya tienen estudiados en caso de que las paritarias no se enderecen antes del inicio de clases, previsto para el 6 de marzo, está la posibilidad de cerrar el acuerdo por decreto. Pero para llegar a ese escenario extremo todavía faltan varios días de negociación.