El segundo año de gestión de Javier Milei volvió a cerrar con superávit fiscal primario, que alcanzó el 1,4 % del PBI. Incluso tras la eliminación del impuesto PAIS —que implicó resignar ingresos equivalentes a cerca de un punto del producto— el Gobierno logró sostener el equilibrio, consolidándolo como uno de sus principales activos políticos y económicos. Para 2026, el Presupuesto proyecta un superávit levemente mayor, de 1,5 % del PBI, mientras que el Fondo Monetario Internacional sugirió en su última revisión elevarlo al 1,6 %.
Detrás de ese resultado -señala el informe macroeconómico elaborado por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA)- hubo un ajuste de magnitud histórica. Desde el inicio de la actual administración, el gasto público nacional se redujo en 5,4 puntos del PBI, regresando a niveles comparables con los de mediados de los 2000. Los recortes más profundos se concentraron en la obra pública, los subsidios energéticos y programas sociales discrecionales. También cayeron las transferencias a provincias y el gasto en salarios estatales, en un contexto donde, según datos del INDEC, la administración pública nacional cuenta con unos 61 mil empleados menos que a fines de 2023, indica el estudio.
A diferencia de otros períodos de consolidación fiscal, esta vez el ajuste no se explicó solo por la licuación inflacionaria, aunque los salarios públicos sufrieron una caída real significativa; en tanto las jubilaciones, mostraron cierta recomposición frente a 2024 y hoy se ubican apenas por debajo de los niveles de 2023 en relación al PBI. Ese dato es clave porque el sistema previsional representa el 42 % del gasto primario y limita el margen para nuevas reducciones sin una reforma estructural de fondo, puntualiza el estudio del Movimiento CREA.
De cara a 2026, el propio Presupuesto del Ministerio de Economía de la Nación reconoce que el sendero de recortes se modera e incluso prevé un leve aumento del gasto primario. La desaceleración de la inflación tiende a recomponer haberes jubilatorios, mientras que las transferencias a provincias —hoy en niveles históricamente bajos— podrían transformarse en moneda de negociación en un Congreso atravesado por debates de alto voltaje, como la reforma tributaria y la laboral. Algo similar ocurre con la inversión en infraestructura, difícil de sostener indefinidamente en mínimos históricos, subraya el estudio.
En este escenario, la continuidad del superávit dependerá cada vez más de los ingresos. Eso no necesariamente implica subir impuestos, sino mejorar la eficiencia recaudatoria y acompañar la recuperación de la actividad, destaca el análisis realizado por CREA. La recaudación de la seguridad social y del impuesto a las ganancias, por ejemplo, se redujo fuertemente en los últimos años en paralelo a la caída del empleo formal y los salarios reales, lo que abre margen para una mejora si la economía consolida su repunte. El Presupuesto estima que los ingresos tributarios crecerán 0,3 puntos del PBI.
Según el análisis de Movimiento CREA en base a datos oficiales, tras el fuerte ajuste de 2024 las cuentas públicas se estabilizaron en 2025 y seguirían una trayectoria similar en 2026. Con reformas estructurales más sensibles —como la previsional o la relación fiscal con las provincias— fuera de la agenda inmediata, el Gobierno parece optar por una estrategia gradualista del lado de los ingresos y muy cautelosa con las rebajas impositivas. En ese marco, tributos como las retenciones podrían seguir bajando de manera paulatina, pero atados a la evolución de la actividad y de la recaudación, en un año que se anticipa más estable en lo financiero, aunque no exento de tensiones políticas, concluye el informe.