Una investigación sobre el destino de casi un millón de municiones y pertrechos bajo custodia estatal derivó en la condena de una mujer que admitió haber participado en una red vinculada con la sustracción de material de la Policía Nacional de República Dominicana.
El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional condenó a Miguelina Bello Segura a tres años de prisión. La sentencia se dictó luego de que la acusada alcanzara un acuerdo con el Ministerio Público, reconociera los hechos imputados y aceptara colaborar con la investigación.
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El expediente no se refiere a armas del Ejército dominicano, sino a municiones y pertrechos pertenecientes a la Intendencia de Armas de la Policía Nacional. Según la acusación, Bello Segura vendió de forma clandestina a ciudadanos haitianos municiones de distintos calibres que procedían de esa dependencia policial.
La condena incluye un año y seis meses de prisión domiciliaria
El acuerdo homologado por la jueza Kenya Romero estableció la suspensión de la mitad de la pena bajo reglas de conducta. Bello Segura deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria, mientras que el período restante quedará condicionado al cumplimiento de medidas judiciales.
La condenada deberá mantener un domicilio fijo e informar al Ministerio Público y al juez de Ejecución de la Pena si cambia de residencia. También tendrá prohibido salir de República Dominicana sin autorización judicial, portar armas de fuego y consumir bebidas alcohólicas de forma abusiva.
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Además, deberá presentarse cada mes ante la autoridad que se determine para supervisar el cumplimiento de las condiciones. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 5 de noviembre de 2026, a las 15:00, según una publicación de Diario Libre.
El caso involucra a exjefes de la Intendencia de Armas
La condena de Bello Segura forma parte de la Operación Pandora, una causa en la que el Ministerio Público investiga una presunta estructura dedicada a extraer municiones, armas y otros equipos que estaban bajo custodia de la Intendencia de Armas.
Entre los acusados que irán a juicio de fondo está el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de esa dependencia. También figura el capitán Nelson Valdez, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la Policía Nacional.
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El auto de apertura a juicio también alcanzó a Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez. A varios de ellos, el tribunal les sustituyó la prisión preventiva por una garantía económica de 500 mil pesos, mediante fianza de una aseguradora, junto con la prohibición de salir del país.
La acusación calcula un perjuicio de más de 92 millones de pesos
El Ministerio Público sostiene que la red provocó al Estado un perjuicio de 92.2 pesos dominicanos. La investigación apunta a la sustracción de miles de municiones y pertrechos durante la gestión de Féliz Romero al frente de la Intendencia de Armas.
Los procesados enfrentan acusaciones por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores. La causa también incluye presuntas violaciones a la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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En septiembre, otro imputado, Marino Antonio Rodríguez Toribio, recibió una condena de cinco años de prisión domiciliaria. La Justicia ordenó además el cierre definitivo de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L., el decomiso de los bienes incautados y el pago de una multa equivalente a 10 salarios mínimos del sector público.
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