El Gobierno de Neuquén despidió a cinco empleados públicos por ausencias injustificadas

El Gobierno de Neuquén despidió a cinco trabajadores estatales por ausencias injustificadas en distintas dependencias de la administración provincial. Además, ordenó establecer si percibieron haberes durante los períodos en los que no cumplieron tareas y, si corresponde, reclamar la restitución de esos fondos.

Las medidas alcanzan a trabajadores del sistema educativo y de cuatro ministerios. Los expedientes administrativos atribuyen a los exagentes abandono de cargo, con faltas continuas que se extendieron entre varias semanas y más de un año.

Según informó LM Neuquén, las resoluciones forman parte de los controles que aplica la gestión del gobernador Rolando Figueroa sobre el personal de la administración pública desde diciembre de 2023. Cada caso seguirá una instancia de revisión patrimonial para determinar si existieron pagos indebidos.

Una de las cesantías fue resuelta a partir de una actuación del Consejo Provincial de Educación (CPE). La sanción recayó sobre Cecilia Lourdes V., auxiliar de servicios del Colegio Ceferino Namuncurá de Junín de los Andes. Su expediente fue el de mayor extensión entre las cinco cesantías.

Las inasistencias se prolongaron durante más de catorce meses, desde marzo de 2023 hasta mayo de 2024. Los organismos que intervinieron en el sumario consideraron acreditada una situación de abandono de cargo y avalaron su separación de la planta estatal.

En el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos fue separada de su cargo Johana Elisabet Z., integrante de la planta permanente. Según la documentación oficial, la ex funcionaria no se presentó a trabajar entre el 16 de febrero y el 30 de septiembre de 2024.

La información consignada en el expediente indica que la mujer no compareció a ejercer su derecho de defensa dentro del procedimiento administrativo. La medida adoptada por el Estado provincial se basó en la acumulación de ausencias sin respaldo documental.

Otra de las cesantías involucró a Elisa Marina V., quien pertenecía a la planta permanente de la Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. En este caso, el período de inasistencias injustificadas se ubicó entre el 15 de abril y el 31 de mayo de 2024.

Las actuaciones señalaron que la empleada incurrió en abandono de cargo por no concurrir a su lugar de trabajo durante ese tiempo. Como en los demás expedientes, la investigación incluye la revisión de los haberes que pudieron haber sido abonados mientras se extendieron las faltas.

El Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura concentró dos de las cinco sanciones. La primera alcanzó a Carlos Ignacio S., trabajador de planta permanente en la Subsecretaría de Juventudes. Las ausencias cuestionadas se produjeron del 1 al 22 de julio de 2024.

El hombre se presentó ante la Dirección Superior de Sumarios acompañado por un abogado, impugnó la sanción y formuló un descargo. Sin embargo, los auditores entendieron que la presentación no aportó elementos de prueba que permitieran justificar las faltas continuas.

La última cesantía correspondió a Karina Graciela G., quien cumplía funciones en la Subsecretaría de Deportes. El expediente ubicó sus inasistencias entre el 11 de julio y el 30 de septiembre de 2024.

Según las actuaciones, el análisis de la prueba permitió establecer que Gerban no acreditó razones que justificaran sus ausencias. El procedimiento administrativo concluyó que no hubo una demostración de interés para presentar la documentación requerida ante las reiteradas faltas.

En los cinco casos, el Ejecutivo provincial dispuso una revisión de las liquidaciones salariales efectuadas durante los períodos de ausencia. La investigación determinará si hubo haberes percibidos sin prestación de tareas y el monto que, eventualmente, debería ser devuelto.

Si se comprueba la existencia de pagos indebidos, los exagentes serán intimados a restituir los recursos. La Provincia prevé recurrir a la Fiscalía de Estado en caso de que no cumplan con esa obligación, para que defina las acciones judiciales que pudieran corresponder.