
El Frente Renovador logró aprobar por unanimidad el dictamen para tratar el proyecto de ley que habilite el uso de las pistolas Taser para la Policía Bonaerense. La iniciativa había sido impulsada por el massismo y provocó un debate al interior del PJ en la Legislatura provincial.
La propuesta fue impulsada por el diputado provincial Carlos Puglelli, presidente de la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios, y finalmente logró que se pueda tratar en el recinto. La intención es que la fuerza provincial pueda utilizar las armas menos letales, con reglas claras de uso y mecanismos de control.
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En términos concretos, el proyecto propone modificar la Ley 13.482 para incorporar la utilización de dispositivos electrónicos conductores de energía por proyectil. Según la redacción del texto, estos instrumentos son aquellos que “solo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano, sin provocar la pérdida de conocimiento”. A su vez, la iniciativa prohíbe de forma expresa los dispositivos eléctricos de contacto directo cuya finalidad o efecto principal sea generar dolor mediante descargas, una distinción que busca trazar un límite preciso entre las herramientas permitidas y las vedadas.

El dictamen favorable contó con un respaldo transversal que excedió las fronteras del peronismo. Además del Frente Renovador, acompañaron la aprobación en comisión los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad, Nuevos Aires y el diputado Juan José Esper.
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Entre los ejes centrales de la propuesta se encuentra la exigencia de que el personal policial cuente con capacitación específica, obligatoria, acreditada y continua antes de portar estos dispositivos. El programa formativo contempla el manejo técnico del armamento, sus efectos y riesgos sobre el cuerpo humano, los protocolos de actuación, las técnicas de desescalada, los principios de uso gradual de la fuerza y nociones de primeros auxilios. La diputada Ayelén Rasquetti, también del Frente Renovador y cofirmante del proyecto, acompañó a Puglelli en la elaboración de una iniciativa que pone el acento tanto en la dotación del recurso como en la preparación profesional del agente.
El texto legislativo establece, además, cinco principios rectores para la utilización de estas armas: legalidad, necesidad, razonabilidad, progresividad y proporcionalidad. Su empleo quedará restringido a situaciones en las que los medios no violentos resulten ineficaces o insuficientes y exista un peligro inminente para la integridad física del efectivo policial, de terceras personas o del propio individuo involucrado en el hecho. Solo el personal activo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que haya superado exámenes técnicos y psicofísicos estará habilitado para portarlos.
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La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia diseñada por Sergio Massa, líder del Frente Renovador, que instruyó a sus legisladores a impulsar una agenda de gestión centrada en la seguridad con impacto territorial. Según reconstruyó Infobae en marzo de este año, el exministro de Economía planteó a su tropa legislativa la necesidad de “discutir temas que le interesen a la gente y le resuelvan sus problemas”, con el objetivo de correrse de las discusiones internas de índole electoral que atraviesan al peronismo bonaerense.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto se apoya en la denominada regla de Tueller, un criterio elaborado por el sargento Dennis Tueller de la policía de Salt Lake City, en Estados Unidos. Esa regla establece que un agente tarda al menos 1,5 segundos en desenfundar su arma y disparar, lapso en el que un agresor armado con un cuchillo puede recorrer unos 6,5 metros. Los estudios citados en el expediente legislativo advierten que, a menor distancia, las probabilidades de supervivencia del policía descienden de forma drástica frente a un ataque con arma blanca. “No es darle el arma y nada más. Implica un programa que le brinde el elemento, pero también la capacitación y los estudios necesarios, que haya protocolos”, sostuvo Puglelli. El legislador agregó: “Si ya le damos armas letales a la policía, lo que implica todo un riesgo, ¿por qué no legislar sobre armas no letales?”.
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El debate sobre la incorporación de pistolas Taser a las fuerzas de seguridad bonaerenses no es nuevo en la Legislatura provincial. El exministro de Seguridad Sergio Berni, hoy jefe del bloque de senadores peronistas, había impulsado la compra de estos dispositivos durante su gestión al frente de la cartera, aunque el armamento nunca llegó a la portación efectiva. En paralelo, otros sectores del peronismo plantearon posturas opuestas: la exdiputada Susana González, vinculada al intendente de Ensenada Mario Secco, presentó en su momento un proyecto que buscaba prohibir el uso de armas no letales. En el Senado, el legislador Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos UCR Identidad, también promovió expedientes en la misma línea que el Frente Renovador.
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