La apelación contra el sobreseimiento de un adolescente de 14 años por un intento de robo en Palermo quedó radicada ante la Cámara porteña y será revisada por Ignacio Mahiques, hermano del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. La resolución de la jueza Laura Beatriz De Marinis, que declaró inconstitucional para ese caso la nueva edad de punibilidad, también derivó en una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
El recurso fue presentado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires luego de que la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 dispusiera el sobreseimiento del adolescente investigado. Además de cuestionar la sentencia, los fiscales solicitaron que la magistrada sea apartada del expediente y que otro juez continúe con la pesquisa.
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Según pudo saber Infobae, Mahiques recibió la causa en segunda instancia. Deberá resolver si confirma la decisión de primera instancia o si admite los planteos de la Fiscalía y revoca el sobreseimiento.
El hecho que derivó en una causa penal ocurrió el 10 de septiembre, cerca de las 6.30, en Godoy Cruz al 2500, en el barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Un hombre de 47 años denunció que un grupo de adolescentes intentó quitarle sus pertenencias.
La víctima pidió ayuda y la intervención de efectivos policiales frustró el robo, de acuerdo con la reconstrucción del expediente. Los adolescentes intentaron alejarse del lugar, pero fueron detenidos.
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Uno de ellos, identificado bajo las iniciales M.I.A., tiene 14 años y quedó imputado por tentativa de robo. La Fiscalía sostuvo que también debía analizarse una eventual agravante por la presunta comisión del hecho en poblado y en banda.
El episodio adquirió relevancia porque ocurrió después de la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que fijó en 14 años la edad mínima de punibilidad. La defensa del adolescente cuestionó su aplicación y el planteo llegó al juzgado a cargo de De Marinis.
El 21 de septiembre, la jueza declaró inconstitucional el artículo 1.º de la Ley 27.801 para ese expediente y ordenó el sobreseimiento. En su análisis, valoró las condiciones personales y familiares del adolescente, su situación de vulnerabilidad, el alcance del hecho atribuido y que la víctima no sufrió lesiones.
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La sentencia también dispuso la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad para establecer medidas de acompañamiento en los planos familiar, educativo y social.
Tras la difusión de la resolución, el juzgado aclaró que la inconstitucionalidad fue declarada únicamente para el caso concreto y que el fallo no suspendía ni anulaba la vigencia general de la legislación.
La Fiscalía pidió revocar el sobreseimiento y apartar a De Marinis
Los fiscales Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil, apelaron la decisión. Su presentación cuestiona la interpretación constitucional utilizada en el fallo y sostiene que la jueza aplicó criterios ajenos al régimen aprobado por el Congreso.
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El recurso plantea que la edad de punibilidad funciona como una regla general y que las circunstancias particulares de cada adolescente deben ser evaluadas al definir las medidas correspondientes. Para la Fiscalía, esos factores no alcanzan por sí solos para excluir la aplicación del sistema penal juvenil.
Los representantes del Ministerio Público también objetaron que la magistrada se apoyara en disposiciones de la Ley 22.278, el régimen anterior, al fundamentar el sobreseimiento.
Otro de los agravios se relaciona con los estándares internacionales de protección de niños y adolescentes. Según los fiscales, la resolución no explicó de manera suficiente por qué el nuevo sistema sería incompatible con la Constitución en este caso.
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El pedido de revisión incluye el apartamiento de De Marinis y la realización de un nuevo sorteo para determinar qué magistrado deberá intervenir en la investigación si la Cámara hace lugar al planteo.
El Gobierno porteño denunció a la jueza ante el Consejo de la Magistratura
Mientras la Cámara analiza el recurso, el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, presentó una denuncia de 22 páginas contra De Marinis ante el Consejo de la Magistratura porteño. La presentación fue formalizada el miércoles 23 de septiembre y solicita que se investigue un presunto mal desempeño y un posible desconocimiento inexcusable del derecho.
El Gobierno de la Ciudad sostiene que el debate excede una diferencia interpretativa sobre la ley y cuestiona el procedimiento que utilizó la jueza para dejar de aplicar la norma en el expediente.
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Entre sus argumentos, la denuncia señala que la sentencia habría reemplazado una regla general aprobada por el Poder Legislativo por un criterio individual elaborado en sede judicial. También cuestiona que De Marinis hubiera interpretado que el Congreso reservó la nueva edad de imputabilidad para hechos de extrema gravedad, una excepción que no figura expresamente en la Ley 27.801.
La presentación de Tapia reprocha, además, que la resolución haya tomado la ausencia de lesiones y la falta de consumación del robo como factores para atenuar la relevancia del hecho investigado.
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires deberá definir si existen elementos para abrir una investigación disciplinaria y, eventualmente, impulsar una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.
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Los dos trámites seguirán carriles distintos. El organismo analizará la conducta funcional de la magistrada, mientras que la Cámara deberá decidir sobre la validez del sobreseimiento y el alcance de la aplicación del nuevo régimen penal al adolescente acusado.
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