El secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, pidió al Congreso de la Nación derogar la Ley 24.184, que ratifica el Convenio de Promoción y Protección de Inversiones firmado entre la Argentina y el Reino Unido en 1990. La propuesta del funcionario fueguino se conoció el lunes por la noche a través de un mensaje publciado en su cuenta de X, en el que calificó como un “error geopolítico” mantener un acuerdo que garantiza al Estado británico el trato de “nación más favorecida” mientras “usurpan, saquean y militarizan” el territorio argentino en disputa.
El planteo de Dachary llegó días después de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional el incremento del presupuesto de Defensa para la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el endurecimiento de las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el área del archipiélago sin autorización argentina.
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“Una medida fundamental para nuestra política exterior sería derogar la Ley 24.184 (Tratado de Inversiones con el Reino Unido). Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas Malvinas”, escribió el funcionario provincial. Y completó: “Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de ‘nación más favorecida’ y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio.”
El funcionario dirigió su reclamo directamente al Poder Legislativo, al etiquetar en su publicación al Senado y a la Cámara de Diputados de la Nación.
La ley cuestionada data de la presidencia de Mene
La Ley 24.184 aprobó el convenio bilateral suscrito en Londres el 11 de diciembre de 1990 y fue sancionada por el Congreso el 4 de noviembre de 1992, durante la presidencia de Carlos Menem. El acuerdo —que consta de 14 artículos— establece que ninguna de las partes puede someter las inversiones de la otra a un trato menos favorable que el dispensado a sus propios inversores o a los de terceros países. Además, garantiza a los inversores británicos la transferencia libre de ganancias y los protege frente a expropiaciones sin compensación. En materia de disputas, habilita mecanismos de arbitraje internacional.
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El convenio fue uno de los resultados del proceso de normalización bilateral iniciado con los Acuerdos de Madrid I y II, firmados entre octubre de 1989 y febrero de 1990, que restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países tras la Guerra de Malvinas de 1982.
El propio texto de la Ley 24.184 contempla que, en caso de denuncia del tratado, las inversiones realizadas mientras el acuerdo estuvo vigente quedan protegidas por sus disposiciones durante 15 años adicionales, un factor que complicaría cualquier proceso de derogación inmediata.
La Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, que Dachary conduce, funciona bajo la órbita del gobernador Gustavo Melella, uno de los mandatarios más críticos de las políticas del presidente Milei y habitualmente vinculado con el espacio político del kirchnerismo. Sin embargo, tras la cadena nacional, Melella expresó su apoyo al “cambio de posición del Gobierno nacional respecto de la causa de nuestras Islas Malvinas” y convocó a construir “un frente político e institucional unido que nos permita pasar de las declaraciones a las acciones concretas en defensa de nuestra soberanía”.
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Horas antes del mensaje de Dachary el Gobierno nacional anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El principal argumento son las presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades no autorizadas por la Argentina en esa zona.
Según pudo saber Infobae, la demanda se realizará en la Cámara Federal porteña y estará a cargo del canciller, Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. La acción alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
El texto oficial sostiene que tres de las firmas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área, bajo el proyecto conocido como Sea Lion. Para la Casa Rosada, esas autorizaciones implicarían una vulneración de la normativa argentina sobre los recursos naturales situados en torno a las islas Malvinas.
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