A la par del debate por el Código Penal, el Gobierno trabaja en una reforma de la Justicia: los detalles

A pesar de que todavía sigue frenado el envío del nuevo Código Penal por diferencias internas, el Gobierno ya trabaja en un proyecto para reformar todo el Poder Judicial, que contempla la eliminación de algunos tribunales y la creación de otros, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema.

La iniciativa, aunque ya está bastante avanzada e incluso tendría un posible nombre -que podría generar algún comentario pícaro por sus siglas, si se llega a confirmar-, todavía está en manos del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, el texto va a abordar varios aspectos de cómo funciona actualmente este sector, aunque el cambio principal es la reorganización de juzgados federales.

Para esto, el oficialismo quiere modificar la ley de Organización de la Justicia Federal y, por ejemplo, bajar de 12 a ocho los juzgados de primera instancia de Comodoro Py y de 13 a nueve los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, la última instancia penal por debajo de la Corte Suprema.

“La propuesta va más allá de eso, no solo se van a cerrar determinados tribunales, sino que también se van a abrir otros. Todo esto se está pensando todavía”, explicó a este medio una persona que está trabajando en el tema.

Aunque no es el efecto prioritario al que el Gobierno está apuntando, sí esta iniciativa se envía al Congreso y se aprueba, también se van a reducir las vacantes en el Poder Judicial, una problemática de larga data en el ambiente.

“Hay que ver cómo queda finalmente redactado, pero posiblemente también ayude con eso. Lo estamos terminando”, precisó la fuente consultada.

Para el Ejecutivo, esta situación viene siendo un dolor de cabeza y, aunque ya envió 203 pliegos al Senado en lo que va del año (144 para jueces, 26 para fiscales, 25 para defensores y cuatro listas de conjueces), hasta el momento solo fueron designados 96 funcionarios.

En este contexto, otros 85 candidatos siguen a la espera de acuerdo parlamentario y en la Casa Rosada se pusieron la meta de alcanzar unas 300 postulaciones antes de fin de año y reducir la vacancia judicial del 35% inicial al 27 por ciento.

La iniciativa también apunta a una fuerte disminución de causas que todavía están en trámite y en una nueva distribución del poder dentro de los juzgados, reduciendo las subrogancia.

Asimismo, el Ministerio de Justicia evalúa transferir a las provincias los fondos que queden disponibles por esa reducción de cargos y, al mismo tiempo, seguirá impulsando el traspaso de la Justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, una deuda que lleva décadas.

Dentro de este proceso, de todas formas, hay un capítulo que el Gobierno maneja con cautela: los juzgados con competencia electoral en cada lugar del país, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene hay presidenciales.

Estos despachos intervienen en cuestiones sensibles para la construcción territorial de poder, como la oficialización de listas, la personería de los partidos y el calendario de votación.

Por otra parte, el Ejecutivo todavía tiene pendiente el envío al Congreso del nuevo Código Penal, una iniciativa que quedó trunca por diferencias de criterios entre los propios miembros del oficialismo.

Aunque en la mesa política aseguran que “es probable que este sea el próximo asunto para discutir”, todavía no hay un consenso respecto del texto que finalmente se presentará.

El proyecto original se presentó a finales del 2025 y fue elaborado por un equipo de especialistas en la materia encabezado por el abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas, Jorge Buompadre.

El grupo estuvo compuesto por los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez, y los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.

Los expertos entregaron un primer borrador que consistía en un Código completamente renovado -el que está vigente data de 1921- y que contenía un total de 912 artículos.

Este prototipo había sido autorizado por el entonces ministro saliente, Mariano Cúneo Libarona, pero fue congelado cuando llegó su sucesor, Mahiques, que decidió revisarlo antes de mandarlo al Congreso.

Tan solo unos días después, el funcionario fue a la Quinta de Olivos para reunirse con el Presidente y sugerirle postergar el proyecto para trabajar en otro “que contenga más el espíritu libertario”.

Puntualmente, Mahiques propuso implementar “otra técnica” para, “en lugar de hacer tantos agregados, modificar la base del Código actual“ y que así la nueva versión no sea tan pesado el contenido.

“En la transición, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos“, precisó el ministro en aquel momento.

Sin embargo, cuando el proyecto reducido llegó a la Secretaría de Legal y Técnica no pasó el filtro de María Ibarzábal Murphy, que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo, quien se inclina por la modificación total.

A partir de ese momento, entre el Ministerio de Justicia y la Secretaría circularon varios borradores que fueron revisados y rechazados hasta que se llegó a una última versión que, si bien no es un Código entero, sí es más amplio que el paquete de leyes que pretendía presentar Mahiques.

Se trata de una iniciativa que incluye unos 300 artículos y que ya contaría con consenso por parte de los dos sectores en pugna, aunque cerca del consultor político remarcan que podrían continuar presionando hasta llegar a los 500.

En el oficialismo algunos sospechan que una maniobra similar podría repetirse con la reforma judicial, aunque otras fuentes afirman que esta vez el contenido ya fue acordado y no debería bloquearse.