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Comenzó el debate del Super RIGI en Diputados: un funcionario desligó al magnate Peter Thiel de la iniciativa

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, destacó el éxito del RIGI y aseguró que es momento de “pensar en el siguiente paso de la Argentina”. La oposición denunció que es una “ley a medida” del fundador de Palantir. El oficialismo busca avanzar con la media sanción antes de fin de mes

Daniel González y Bertie Benegas Lynch en el plenario de comisiones que debatió el Super RIGI

Un plenario de comisiones comenzó a debatir este miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto denominado Super RIGI que tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las “industrias del futuro”. Desde el Gobierno destacaron que el RIGI incluido en la Ley Bases fue “sumamente exitoso” y por eso ahora es momento de “pensar en el siguiente paso de la Argentina”.

La presentación del proyecto, en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Ciencia e Industria, estuvo a cargo de Daniel Gonzalez, secretario coordinador de Energía y Minería, quien aclaró que “no hay absolutamente ningún lobby” detrás de la iniciativa y también negó conocer a Peter Thiel, el magnate tecnológico que fundó empresas como PayPal o Palantir, y recientemente se radicó en la Argentina.

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La aclaración hacía referencia a la acusación de la oposición, que denunció que el empresario estadounidense podría ser uno de los interesados en conseguir condiciones especiales para desarrollar data centers para procesar información con Inteligencia Artificial. Thiel se reunió hace dos semanas con Luis Caputo y otros funcionarios de Economía.

Luis Caputo y el inversor Peter Thiel se reunieron con otros funcionarios días atrás para discutir oportunidades de inversión en el país

Al inicio de su exposición, el funcionario del Ministerio de Economía planteó que el Super RIGI viene a continuar el espíritu del RIGI, que vence el año que viene. “Consideramos que sería un error intentar extender ese régimen porque fue posicionado como régimen excepcional y muchos proyectos se apuraron para llegar antes del vencimiento. Como ha sido exitoso, creemos que es momento de pensar en el siguiente paso de la Argentina, que incluye el aprovechamiento de los recursos naturales y la infraestructura que movió el RIGI”, explicó.

En ese sentido, detalló que actualmente “hay 39 proyectos presentados en el RIGI que representan USD 138 millones de dólares de inversión y 179 mil empleos, y cuando todos estén en operación representarán USD 49 mil millones en exportaciones”.

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Por otro lado, apuntó contra las críticas de la oposición por el costo fiscal que representan los beneficios otorgados a las empresas, por ejemplo la alícuota reducida del 15% del Impuesto a las Ganancias. “Es imposible que esto tenga costo fiscal porque son proyectos que no existían. En todo caso, habría que pensar el costo fiscal de no haber hecho nada durante tantos años”, señaló.

“Pusimos la alícuota en 15% porque es lo mínimo que nos permiten las normas de la OCDE. Estamos compitiendo con jurisdicciones de todo el mundo. Estos proyectos se hacen en algún lugar, tenemos que estar al tope de la lista”, dijo.

Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto

Las principales críticas de la oposición giraron en torno a la recaudación que el Estado dejará de percibir pero también a la energía necesaria para el funcionamiento de los proyectos. “ El artículo 73 dice que el Estado tiene que garantizar la operatoria de los VPU sin interrupciones, entonces si hay que dejar sin energía a la mitad del país para que sigan desarrollando estos proyectos, lo vamos a tener que hacer. Porque si no, nos llevan al CIADI. Ni siquiera nos guardamos que intervenga un juez con DNI argentino", lamentó la camporista Luciana Potenza.

Desde el oficialismo esperan poder dictaminar el proyecto la semana que viene, lo que permitiría convocar a una sesión especial el 18 de junio. En caso de que se necesite más tiempo para lograr consensos, apuntarán al 24 de junio como fecha máxima. En esa sesión también se incluirá la nueva ley de Lobby, tratados internacionales y el pago a los holdouts (si llega a tiempo con media sanción del Senado).

El Super RIGI define “nuevas industrias” o “industrias del futuro” como aquellas actividades que constituyen “nuevas actividades económicas”. Según el texto, esto comprende todo desarrollo industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional.

Para que un proyecto califique como una “nueva actividad económica” debe cumplir con estas condiciones: no debe desarrollarse, producirse ni prestarse en el país a la fecha de entrada en vigencia de la ley, o bien su grado de desarrollo debe ser experimental o piloto; también quedan excluidos los proyectos que impliquen ampliación, modernización, adecuación, reconversión, reorganización o reutilización de instalaciones preexistentes.

¿Qué beneficios obtienen los proyectos incluidos en el Super RIGI?

  • Impuesto a las Ganancias reducido al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos.
  • Amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura.
  • Deducción de quebrantos sin límite temporal.
  • Alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
  • Certificados de Crédito Fiscal para cancelar IVA sobre inversiones en activos computables.
  • Exención de derechos de importación y exportación para los bienes del plan de inversión y productos obtenidos bajo el proyecto.
  • Contribuciones patronales reducidas: alícuota única del 10% para nuevas relaciones laborales generadas a partir de la adhesión.
  • Libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación: 20%, 40% y 100% a lo largo de tres años desde la primera exportación.
  • Sin obligación de ingresar ni liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamiento y servicios vinculados al proyecto.
  • Estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria durante 30 años desde la adhesión.
  • Plena disponibilidad sobre los productos del proyecto, protección contra actos confiscatorios o expropiatorios y acceso irrestricto a la justicia.
  • Posibilidad de someter controversias con el Estado Nacional a arbitraje internacional.
  • Compatibilidad con otros regímenes promocionales, siempre que los incentivos no sean de la misma naturaleza y no se superpongan.
  • Transferencia libre de acciones, cuotas o participaciones sociales del VPU sin autorización previa.
  • Exención de restricciones, prohibiciones o cupos para importar y exportar los bienes necesarios para el proyecto.
  • Los incentivos pueden ser utilizados exclusivamente respecto del proyecto adherido y no para otras actividades.

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